Semana política

15 de junio, 2011   ¡Hola!  Adjuntamos los sucesos más interesantes de esta semana. Un poeta para las víctimas. Los aspirantes del PAN. Vigencia de Juárez. Un poeta para las víctimas. Si bien para algunos actores y opinión pública la Caravana por la Paz careció de apoyo social al únicamente movilizar a 1,500 personas, para Emilio Álvarez Icaza y Javier Sicilia esto representó el surgimiento de la primera red nacional de víctimas, acción colectiva que podría ser un serio frente para el Presidente Felipe Calderón y su estrategia de seguridad. Tanto en términos de opinión pública, como jurídicos, es distinto hablar de miles de muertos que ponerle nombre e historia a cada uno de ellos. Contrario a lo sucedido con otros activistas, quienes a partir de sus propios casos obtuvieron respaldo social para lanzar su crítica al gobierno, Javier Sicilia, representando a estratos sociales más diversos, aprovechó su relevancia para sumar y solidarizarse con muchos otros casos de homicidios y desapariciones relacionados con el crimen organizado. De esta forma, Sicilia, por sus características ideológicas de centro-izquierda católica, logró articular un perfil ideológico que no ha sido llenado por otro personaje en la esfera pública nacional.El objetivo de los líderes de la Caravana, ahora, es articular estas demandas, canalizar correctamente los testimonios recibidos y no permitir ni la cooptación gubernamental del movimiento, ni la adhesión de grupos disruptivos. El gran reto de Sicilia y, de la operación política de su movimiento, radica en lograr diferenciar a los núcleos que conforman la Caravana, particularmente a los defensores de los derechos humanos, ONG´s locales y víctimas, de aquellos grupos oportunistas -de todas las esferas políticas- que buscan absorberle fuerza a la Caravana para apuntalar sus objetivos políticos. En la medida en que lo logré, su movimiento podría adquirir relevancia más allá de la coyuntura. Los aspirantes del PAN. Las declaraciones de Ernesto Cordero sobre aspectos económicos del país han despertado las críticas de la opinión pública. En particular porque no es lo mismo escuchar al Secretario de Hacienda hablar de inflación o deuda, lo que naturalmente se espera de él, que de la clase media o de cuánto se puede comprar con un salario mínimo -temas controvertidos que viniendo de un posible candidato a la Presidencia van a causar aún más controversia. Para muchos el nivel de optimismo de las cifras que presenta resultan insensibles, y para otros no constituyen avances significativos que sean dignos de aplaudir. Lo cierto es que, más allá de que podría haber cometido errores en la forma de presentar la información, existe una desconfianza natural en las audiencias respecto al discurso gubernamental -a pesar de que los datos pudieran estar bien fundamentados. Tomando esto en cuenta, la estrategia de presentar los logros de las administraciones panistas no tiene otro objetivo que incrementar su reconocimiento público a partir de la controversia que genera la desconfianza a un discurso gubernamental positivo. Al ser Cordero uno de los aspirantes a la candidatura del PAN a la Presidencia con menor nivel de reconocimiento público es predecible que la estrategia continuará por ese camino, aprovechando también la etapa post crisis, en busca de mantenerse en la discusión pública.Si bien esta estrategia contribuiría a elevar sus niveles de reconocimiento en la sociedad, tiene el riesgo de posicionar negativamente al personaje. De no acompañarla con medidas que permitan contrarrestar las posibles opiniones negativas derivadas de sus declaraciones, en el futuro podría ser presa fácil de campañas que pretendan potencializar sus negativos ante el electorado. Vigencia de Juárez. La detención, y posterior liberación, de Hank Rhon; las acusaciones de enriquecimiento ilícito en contra de Chaires Yáñez, cercano colaborador de Humbero Moreira, aparentan ser un esfuerzo con fines políticos en contra del PRI que, para cumplir su propósito, intenta incidir en el proceso judicial. Mientras tanto, la reciente detención de Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernador de Chiapas, revela el uso político que se hace de las instituciones judiciales al interior de los estados. En los estados prevalece una dinámica de control absoluto por parte de los gobernadores y no es ajena la sensación de que los gobernantes se ríen del Estado de Derecho y de cuán válida sigue siendo esa máxima juarista que señala que a los amigos, gracia y justicia; a los enemigos, justicia a secas. Durante la última semana se presentaron dos sucesos que lo ilustran. Los esfuerzos de increpar a Hank fueron desestimados por una juez que atendió el debido proceso y observó la falta de evidencia presentada ante ella. El caso de Salazar da pie a sospechas de un uso político de las instituciones judiciales estatales, en particular por la volatilidad de las responsabilidades fincadas a él y la dilación en resultados -si bien el procesamiento del personaje también se debería a una preparación e investigación más consistente del caso. Cómo abordar la transición de gobierno es hoy una gran preocupación, por el temor al ajuste de cuentas, para las cabezas de los Ejecutivos, federal y locales. En Oaxaca, por ejemplo, Ulises Ruiz adelantó auditorías y, en consecuencia, las resoluciones judiciales al respecto de irregularidades financieras. De esta forma, Gabino Cué está encontrando muchas dificultades en armar un caso que enjuicie al antiguo Secretario de Finanzas del estado, en particular, porque el caso ya lo desestimó un juez local durante la gestión de Ulises Ruiz. Es decir, los gobernadores elaboran estrategias sofisticadas para la transición toda vez que quieren evitar ser víctimas de la ausencia del Estado de derecho que ellos preservaban. El caso de Salazar ejemplifica que los mecanismos de protección que intentó dejar en la transición fueron insuficientes y ahora, el exgobernador del estado, es vulnerable al uso político de las instituciones de justicia local. Más allá de los involucrados, queda claro que en este país, ante el temor a la transición, las cabezas del Ejecutivo, ya sea federal o local, ven en sus próximos procesos electorales como un tema de vida o muerte que sus candidatos ganen su respectiva elección.

Libro de la semana: La nueva Ilustración

• La Nueva Ilustración: Ciencia, tecnología y humanidades en un mundo interdisciplinar. José Manuel Sánchez Ron. Ediciones Nobel. Oviedo, 2011. 303 páginas

Suele escucharse una y otra vez la necesidad de aplicar la "transdisciplinariedad" a los saberes y aun a las técnicas de nuestro tiempo. Casi siempre ello queda en la invocación, en una suerte de buenismo epistemológico, a menudo ni siquiera cultivado por quien proclama esa necesaria tarea. Por eso resulta agradable toparse con un ensayo como el del profesor José Manuel Sánchez Ron que predica con el ejemplo y, encima, explica los entresijos del proyecto y sobre todo su viabilidad hoy en día.

La Nueva Ilustración es un alegato esperanzado a favor del cultivo de la transdisciplinariedad. (Palabra que no arredra al autor, a pesar de su vinculación con la Real Academia Española).

Sánchez Ron parece inmune a toda visión sombría de la Vieja Ilustración, o de algunas de sus inesperadamente oscuras consecuencias en la historia moderna. Ello no sorprende, pues su admiración por el límpido mensaje de la Enciclopedia y por una transdisciplinariedad que en aquellos momentos históricos a todos les parecía de lo más natural, es lo que da el ímpetu a su argumento. Otro filósofo madrileño, muy anterior a José Manuel Sánchez Ron, don José Ortega y Gasset, había lanzado algunas jeremiadas contra la por él llamada "barbarie del especialismo" sin proponer ninguna salida palpable.

En cambio, el autor de La Nueva Ilustración ve posibilidades más halagüeñas e invita a tomar sendas transdisciplinares como remedio a tales males.

Quien lea el ensayo debe tener en cuenta que todo él se inspira en ese cénit de la Ilustración que representan los enciclopedistas, y no en la fase primeriza, que desde Hobbes, Newton y Spinoza fue también transdisciplinar, aunque en un sentido más dramático, y hasta trágico, como ha establecido de modo definitivo la obra abrumadoramente sabia de Jonathan Israel, su Radical Enlightenment.

Lo más notable del elegante trabajo del profesor Sánchez Ron son sus esfuerzos de mostrar con hechos y datos casos recientes de interdisciplinariedad, y ello no sólo entre las diversas ciencias naturales sino también entre éstas y las históricas y sociales. Están ausentes algunos casos tan célebres como la aportación crucial del sociólogo Herbert Spencer —autor de la noción de la supervivencia de los más fuertes o capaces— a la teoría de su amigo el biólogo Charles Darwin, o la de otro sociólogo y economista, John Stuart Mill, a la ecología y al ecologismo. Pero tampoco era preciso cubrir todos los casos. Sus argumentos contra el aislamiento mutuo de las que otrora se llamaban "las dos culturas" —hasta que nos percatamos que más bien son tres, puesto que la economía y las demás ciencias sociales no se dejan absorber por ninguna de las otras— son convincentes. Como persuadido está el autor de que ha llegado el momento de ponernos manos a la obra a favor de lo que, lleno de celo, llama la causa de la interdisciplinariedad. Tal vez sea así, aunque algunos podamos temernos que los escollos son mayores de lo que él piensa. Pero nadie que lea este estimulante alegato podrá dejar de admirar el empuje que posee, que surge de una convicción de que tan alta cima es alcanzable. Sin tales convicciones fuertes nada se ha logrado. Nunca.

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U2 en el Estadio Azteca

Para los nostálgicos del concierto, aquí les dejo esta canción de los irlandeses.

Edomex: elecciones regresivas

Comparto con ustedes, la interesante opinión de Bernardo Barranco, publicada en Proceso.

 

Por Bernardo Barranco.

 

En pleno siglo XXI, las campañas electorales en el Estado de México siguen los rituales y las viejas fórmulas de los actos proselitistas placeros de los años cincuenta del siglo pasado. En poco más de dos semanas, se han estado recreando los viejos protocolos del acarreo, los montajes, la repartición de dádivas, la exaltación de los candidatos, los discursos acartonados, las promesas convencionales y, sobre todo en el caso del PRI, un desmesurado y ostentoso despliegue propagandístico. 

Las campañas no han prendido entre la población. Iniciaron el lunes 16 de mayo, según las encuestadoras, con una amplísima ventaja para Eruviel Ávila, quien cuenta con todo el apoyo del aparato electoral del PRI y del gobierno. Es decir, el aparato de estado se reconfigura en un aparato electoral, ahora fortalecido con el imponente apoyo del  sector del magisterio y la sombra de la maestra Elba Esther Gordillo.

Prima el derroche de recursos. La Coparmex del Estado de México calcula que cada voto mexiquense cuesta más de 60 dólares. Las dos coaliciones y el PAN cuentan con un financiamiento público para campañas de 431.6 millones de pesos, al cual podrán sumar las aportaciones privadas siempre y cuando no rebasen el tope fijado en 203.8 millones de pesos. Se calcula que los partidos gastarán cerca de 9 millones de pesos diarios en los 45 días que duren las campañas. La propaganda electoral y las imágenes de Eruviel Ávila son omnipresentes y aparatosas en todos los rincones  de la entidad mediante espectaculares, vallas, bardas, pendones, propaganda en camiones, combis, móviles, videos y perifoneo. Pero ya están en ruta impugnaciones por rebasar los topes de campaña, que el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) deberá resolver. La oposición reclama derroches, soberbia,  violaciones al Código Electoral. Aunque jurídica y técnicamente el órgano electoral está capacitado y obligado a manifestarse como árbitro ante una percepción generalizada de dispendios electorales, surge la duda de si políticamente acceda a hacerlo, dado que la Comisión de Acceso a Medios está dominada por la presencia de tres consejeros de cuota priista. 

Los cerca de 270 mil spots que acompañarán el conjunto del proceso electoral mexiquense pueden ser un factor de saturación. Cada cuatro minutos los mexiquenses ven y escuchan una pieza de propaganda política. Este tsunami puede ser contraproducente porque los spots realzan la figura de los candidatos y empobrecen las propuestas. A través de las imágenes, el sonido, las piezas de música pegajosa, la exaltación, se realza la emoción y se expande la dimensión subjetiva, lo que puede inhibir la determinación racional de la intención del voto que se sustenta en los proyectos, plataformas y propuestas de los candidatos y partidos. En las redes sociales los tres candidatos han invertido poco, movilizando a un número relativamente bajo en Facebook y Twitter.

Eruviel es el candidato que piensa en grande con ideas cortas. Funciona bien en ambientes controlados. Al placear electoralmente promete y promete. Ante notario registrará  6 mil mini-promesas de campaña. Tuvo desplantes de ofrecer plazas de trabajo y autos como premios a sus promotores (por cierto, una falta al Código Electoral que ha pasado de noche a las autoridades).  Eruviel Ávila viene de abajo. Intencionalmente evoca la actitud de Luis Donaldo Colosio, quien exaltaba el esfuerzo como su principal virtud. Se le percibe bien arropado,  más por la estructura de su partido que por los grandes personajes del priismo. Pese a la ventaja que le otorgan diferentes casas encuestadoras, no escatima recursos para promocionarse en eventos masivos utilizando helicópteros como medios de transporte, y rehúye multiplicar los debates. Sobre todo,  a raíz de que fue severamente zarandeado por Luis Felipe Bravo Mena en el encuentro convocado por la periodista Denise Maerker. 

Alejandro Encinas tiene una enorme virtud como candidato. Es un político respetado, cualidad rarísima y en vías de extinción entre la clase política. Tuvo el talante requerido para unir a los principales líderes y corrientes del PRD, aunque fuera para la foto. Sin embargo, a pesar de un ligero repunte, su campaña aún no ha tomado la altura ni la intensidad necesarias para amenazar realmente al puntero. Sobre todo, tiene en contra el estrecho margen de tiempo. Puede estar pagando una doble factura: haber dado la espalda a la consulta ciudadana, y su registro como candidato bajo la duda acerca de su residencia; pasó, pero  fruto de acuerdos políticos que franquearon la legalidad. Aparentemente relajado, se presenta como un candidato con experiencia de gobierno aunque a veces exagera en auto-referencias de éxito al frente del Gobierno del DF. Diversos sectores le piden una campaña más agresiva y crítica, así como proyectar la imagen de un líder político con tamaños para trastocar los privilegios y la corrupción del sistema en el poder.

Luis Felipe Bravo Mena es un candidato que luce más veterano de lo que es. Heredero de un viejo catolicismo teocrático, su estrategia de campaña se ha centrado en reiteradas críticas al desempeño de Enrique Peña Nieto y en los valores cívicos y morales. Se puso en evidencia el escaso apoyo que inicialmente tuvo de su partido a nivel nacional. Es un hecho que su campaña no ha levantado y ha soportado lamentables incidentes de intolerancia política, como agresiones de enardecidos sectores del SME. Después de dos semanas, su porcentaje ha bajado. Aunque el propio Luis Felipe lo niegue, crecen los rumores de una posible declinación a favor de Alejandro Encinas. Se habla también de reuniones de los presidentes estatales del PRD, Luis Sánchez, y del PAN, Octavio Germán, otrora  entusiastas aliancistas, barajando hipótesis. El escenario se presta.

Las declaraciones van subiendo de tono. Hasta ahora no hay guerra sucia abierta. Se han producido algunos incidentes, y la atmósfera se va calentando más cada día. Habrá dos debates que serán importantes. El primero se realizará el 8 de junio, y el segundo, el 22. Está latente el advenimiento de la guerra sucia; es un recurso político repugnante, pero ha dado resultados en diversas campañas. Pueden presentarse escándalos, difamaciones, rumores y hasta encono que enrarezcan la atmósfera cívica que debe prevalecer en las contiendas electorales. Finalmente, las campañas pondrán a prueba las fortalezas y las debilidades de los partidos de cara al 2012. 

Andrés Manuel López Obrador está arrinconando al PAN hasta la tercera fuerza, tendencia que puede replicarse en la elección federal del próximo año. Para Peña Nieto más que para el PRI,  lo importante no sólo es ganar, sino cómo ganar. El PAN tendrá que cargar la tendencia a la baja. Con la creciente imagen deteriorada del gobierno de Felipe Calderón, la pregunta es si Bravo Mena claudicará. Hasta ahora el proceso electoral no ha contagiado. Imperan las campañas sin propuestas de fondo, las dádivas y la simulación, los órganos electorales sumisos y, sobre todo, el grotesco despilfarro de recursos económicos. Si las elecciones del Estado de México, ahora regresivas, son el laboratorio del 2012, entonces muy poco podemos esperar. 

 *Exconsejero del Instituto Electoral del Estado de México y estudioso de las religiones.

El preámbulo electoral

 En el Estado de México el PRI está explotando la estrategia de Peña Nieto haciendo propuestas muy específicas a grupos particulares, usando los recursos para el desarrollo social del estado de México, en los diferentes programas sociales.

 De forma similar, el PRD recurrirá a su estrategia que tan buenos resultados le ha dado en el Distrito Federal (también presentes en Baja California Sur, Guerrero y Michoacán), de repartir apoyos económicos o en especie a grupos focalizados vía programas sociales locales, usualmente contabilizados como subsidios y transferencias.

 Por otro lado, el PAN, sin un trabajo de campo como el que ha hecho ya el PRD (en particular a través de López Obrador), tendrá que aprovechar la ventaja relativa que le provee pertenecer al mismo partido que encabeza  el Gobierno Federal.

 En esta lógica, ya se observa un énfasis en el uso o cobertura de programas y transferencias que provienen del Gobierno Federal, como la propuesta planteada por Luis Felipe Bravo Mena de ampliar el Seguro Popular.

 Así, las tres estrategias convergen y servirán como un termómetro con miras al 2012, intereses y obras públicas particularísimas, subsidios y transferencias a grupos focalizados y ampliación de cobertura de los programas federales. Consistente con lo anterior, Eruviel Ávila ha hecho el mayor número de promesas de Obra Pública y Alejandro Encinas el mayor número de promesas de combate a la pobreza.

 En particular, el candidato de la izquierda buscará cobijarse en la diversa gama de los programas más exitosos del Distrito Federal. Por otro lado, las propuestas de Bravo Mena, tienden a favorecer acciones menos materialistas como equidad de género, y seguridad pública, posiblemente con la intención de apelar a un sector más urbano de la población mexiquense.

 La elección del Estado de México nos muestra: un PRI bien articulado, con un proceso exitoso de selección de candidato, un PRD que tiene a López Obrador trabajando en construir una base fuerte y que buscará cuando menos un fortalecido segundo lugar y un PAN que llegó tarde y cuyo único recurso hoy, es apoyarse en el Gobierno Federal.

 La forma de hacer campaña en el Estado de México podría marcar el tono y develar las estrategias de cooptación del voto rumbo al 2012, por lo general el estado de México es el laboratorio perfecto para las elecciones presidenciales.

 

 

 Siendo así, los partidos deberían aprovechar esta condición para hacer propuestas donde los mexiquenses vean reflejadas sus aspiraciones de tener mejores condiciones de vida, en pocas palabras, materializar el bienestar, quien logre transmitir esto, tendrá una buena ventaja en la elección presidencial del 2012.

 

  pablotrejoperez@hotmail.com

 

Una reforma fiscal progresista

Prólogo del Mtro. Mario M. Delgado Carrillo, Hacia una reforma fiscal progresista y equitativa, para el libro del Dr. Pablo Trejo Pérez, Una reforma fiscal progresista, primer libro de la Serie de Estudios Fiscales del Centro de Investigación y Análisis Político GALMA.

El sistema tributario es clave para el crecimiento económico del país, es prerrequisito que hace posible la función de Estado y el otorgamiento de servicios públicos de calidad, pero sobre todo es un instrumento efectivo para la distribución del ingreso y la consolidación de una sociedad con mayores niveles de equidad. No es posible concebir un México moderno, justo y competitivo, sin un sistema hacendario eficiente.

Sin embargo, a lo largo de la historia nacional, el Sistema Tributario Mexicano se ha caracterizado por su complejidad y opacidad, integrando una serie de rasgos que limitan su eficiencia recaudatoria, frenando con ello el desarrollo nacional. Es de mencionar, por ejemplo, el bajo nivel de recaudación de ingresos. El nivel de recaudación fiscal con respecto al PIB en nuestro país se ha mantenido históricamente por debajo del 12%, lo que contrasta no sólo con lo que se observa en países desarrollados como Italia y Francia, en donde dicho nivel se encuentra por arriba del 40%, sino también con lo registrado en países en desarrollo como Bolivia, Venezuela o Chile, en donde los niveles de recaudación están muy cerca del 20%.

Lo anterior ha sido parcialmente propiciado por la elevada dependencia de la hacienda pública en los ingresos petroleros. Los elevados ingresos fiscales tradicionalmente obtenidos por la venta de hidrocarburos han sido un desincentivo que ha coadyuvado a posponer reiteradamente el necesario fortalecimiento de las fuentes tradicionales de ingresos del Gobierno Federal. Otras razones que explican los bajos ingresos tributarios se refieren a los elevados niveles de evasión y elusión fiscal. Se trata de comportamientos generalizados, y están potenciados por el propio marco legal. Las posibilidades para evadir impuestos, y para eludir el pago de contribuciones sin violar la ley en la forma de tratamientos de excepción, exenciones, subsidios y estímulos fiscales, capturados en muchas ocasiones por grandes contribuyentes, plantea graves problemas a la recaudación de ingresos, pero también de equidad entre la población. Una muestra simple de que la tasa de evasión en nuestro país es alta, lo es el hecho de que nuestra tasa de Impuesto Sobre la Renta empresarial es muy similar a la de Estados Unidos, y este país nos dobla en recaudación como porcentaje del PIB.

 

 

Además, existen otros problemas relativos al propio marco institucional del sistema hacendario que impactan en el potencial recaudatorio. Entre otros aspectos a considerar, el Sistema Tributario Mexicano continúa siendo muy centralizado. Aún cuando hay tres órdenes de gobierno (federal, estatal, y municipal) que gozan de una cierta autonomía, el Gobierno Federal sigue concentrando un buen número de funciones en el manejo de la información y la política fiscal, que podrían ser fácilmente descentralizadas. Esto propicia entre otras cosas, una deficiente Administración Tributaria que duplica funciones e implica diversidad de controles y obligaciones para los contribuyentes, y al mismo tiempo redunda en costos adicionales para el Estado. Se calcula que México gasta 10 centavos por cada peso recaudado.

Esta centralización del Sistema Tributario también redunda en un sistema fiscal complejo que desincentiva el cumplimiento de las obligaciones fiscales y obstaculiza el desarrollo de actividades productivas de individuos y empresas. La complejidad crea espacios en la Ley que hacen que la detección de irregularidades sea más difícil. Además, genera múltiples distorsiones que impactan negativamente en los niveles de equidad y proporcionalidad del sistema. Por ejemplo en el caso del Impuesto Sobre la Renta (ISR) existe gran variedad de regímenes fiscales que además de crear una serie de privilegios fiscales, han provocado la erosión de la base fiscal, con fuertes y negativas repercusiones en los niveles de recaudación fiscal. De igual forma, el Impuesto al Valor Agregado (IVA) tiene tratamientos discrecionales por tipo de bien, de servicio y de región, por lo que ha perdido sus ventajas propias de generalidad y neutralidad, observándose también impactos negativos en la recaudación. Por ejemplo, zonas de la frontera norte y sur, y estados como Baja California Sur y Quintana Roo se han beneficiado de tasas de IVA menores a las del resto del país.

Tampoco existe un marco institucional que propicie que la tributación esté vinculada clara y transparentemente a la prestación de servicios públicos de gobierno. La falta de rendición de cuentas por parte de los gobiernos ha dificultado que los contribuyentes sepan correctamente en qué se usan sus impuestos. Por si fuera poco, el Pacto Fiscal entre Gobierno Central y entidades federativas está desligado de una estrategia de crecimiento y competitividad para las regiones y para el país en su conjunto. Las nuevas fórmulas de distribución de los recursos federales a las entidades atienden a variables como población, crecimiento del PIB local, esfuerzo interno de recaudación y fiscalización, lo que hasta cierto punto permite contar con un criterio que disminuya la discrecionalidad de las autoridades federales hacendarias.

Sin embargo, no se consideran medidas compensatorias para aquellas entidades que por sus propias características socioeconómicas, diferentes a las del resto de las entidades del país, se ven afectadas por dichas fórmulas. Por ejemplo, se calcula que el Distrito Federal, principal motor de la economía nacional, y principal generador de los ingresos tributarios del país, ha perdido en el trienio 2008-2010 alrededor de 7 mil millones de pesos con la aplicación de las nuevas fórmulas.

Los retos mencionados llevan décadas siendo postergados. Sin embargo, la realidad actual de los ingresos petroleros, y las respectivas proyecciones a la baja por la caída de las exportaciones en hidrocarburos; la debilidad crónica de los ingresos tributarios y la consecuente generación limitada de recursos para el desarrollo nacional; la imperiosa necesidad de fortalecer al Estado Mexicano; y la coyuntura económica actual caracterizada por los estragos de una crisis económica sin precedentes en 2009 y la desaceleración económica global; obligan hoy, como nunca antes, a buscar nuevas soluciones y definiciones para una renovación del Sistema Tributario Mexicano.

El primer objetivo es avanzar en el fortalecimiento de las fuentes tradicionales de ingreso. Esto último primordialmente en lo relativo al ISR, al IVA, y al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Estos tres conceptos de ingreso concentran el 90% de los ingresos tributarios. La instrumentación de un nuevo y simplificado modelo de tributación, de un marco legal más sencillo y generalizado, y el otorgamiento de facilidades para el pago de contribuciones son claves para ampliar la base tributaria. En particular, es de suma importancia el otorgamiento de facilidades administrativas y operativas que permitan la regularización fiscal y la incorporación gradual del sector informal de la economía, acompañadas de nuevos beneficios tangibles para estos grupos, como créditos, servicios de salud, pensiones, etc.

Asimismo, requerimos de un nuevo modelo tributario que avance en su progresividad. Que efectivamente paguen todos aquellos que tienen la obligación de hacerlo, y que pague proporcionalmente más quien tenga mayores ingresos. Un modelo de tributación progresiva no antagoniza con gravar al ingreso y al consumo en la forma más general posible, con sencillez, con uniformidad de tasas, y con deducciones y exenciones que contemplen la necesidad de todos los sectores, y no en provecho de unos cuantos. Tenemos que limitar los privilegios fiscales e instrumentar subsidios bien diseñados y aplicados para potenciar el crecimiento económico y la competitividad. Es de vital importancia que dichos estímulos fiscales sean temporales y bien focalizados. Con respecto al IVA, por ejemplo, se deberá continuar defendiendo las exenciones en medicamentos y los productos de la canasta básica, ya que éstos benefician de manera importante a la población de menores ingresos. Sin embargo, se deberán estudiar con cuidado algunas otras excepciones que en realidad podrían estar pagando impuesto por su efecto regresivo entre la población. Éste es el caso de los alimentos procesados, algunos jugos y bebidas, y otros productos.

Es fundamental también fortalecer las acciones de fiscalización con mayores inversiones en sistemas y capital humano, para limitar de manera contundente la evasión y la elusión fiscal. Esto último primordialmente entre aquellos grandes contribuyentes del país que históricamente se han beneficiado de estas disgresiones.

En ese sentido, es importante fortalecer la seguridad y la certeza jurídica para la autoridad y los contribuyentes. Debe darse un combate efectivo y estricto a la ilegalidad fiscal, como un prerrequisito de la equidad. Se requiere de un conjunto de castigos que sean lo suficientemente altos para que se reduzca en términos relativos el costo por cumplir. Se requiere fortalecer al Sistema de Administración Tributaria, así como a los organismos homólogos a nivel local, con el objetivo de ampliar el potencial recaudatorio. Todo este esfuerzo debe darse sobre el eje de la descentralización fiscal, que significa reorganizar el Sistema de Administración Tributaria para distribuir mejor las atribuciones y capacidades entre las oficinas centrales y locales. Las ventajas de la descentralización fiscal no sólo se refieren a la eliminación de excesivos costos administrativos, y a la complejidad y duplicación de procesos, sino en los incentivos para el cobro efectivo de contribuciones, y en el conocimiento e información local para poder hacerlo de manera más eficiente.

Es en este eje de descentralización sobre el cual se deberá avanzar también en la constitución de un Nuevo Pacto Fiscal Federal, tal cual nos insisten en estas páginas, que fije criterios homogéneos y distributivos para las entidades del país, pero que al mismo tiempo compense a los perdedores de las fórmulas actuales, y sobre todo alinee el Nuevo Pacto Fiscal a mejores estrategias de crecimiento nacional. Es indispensable fortalecer la calidad del Gasto Público federal y avanzar en su transparencia. Los impuestos sólo se justifican si el Estado tiene la capacidad de devolverle a la sociedad dichas contribuciones a través de programas sociales, infraestructura, y servicios públicos. Para ello será fundamental trabajar en la transparencia y la rendición de cuentas del sistema tributario. La primera implica tener información clara y actualizada sobre la asignación y uso de los recursos públicos, y la segunda abatir la impunidad. Es importante mencionar que el cambio del modelo tributario se debe dar de fondo y de una sola vez. Un sistema de impuestos tan sofisticado no puede, ni debe, continuar siendo permanentemente modificado.

Es en la búsqueda de dichos objetivos, y con el propósito de contribuir a la necesaria y fructífera discusión sobre el Sistema Tributario Mexicano que el Dr. Pablo Trejo Pérez nos presenta su propuesta para una reforma fiscal progresista. Sin duda, los cuatros capítulos que la integran (“El Federalismo Fiscal y el Falso Federalismo Mexicano”, “el Panorama Hacendario del País”, “La Riqueza y la Estructura Fiscal”, y “La Necesidad de una Reforma Fiscal en México”) aportarán nuevas rutas de análisis y elementos que enriquecerán una verdadera propuesta de Sistema Tributario que sea más progresista y de equidad para nuestro país.

Mtro. Mario M. Delgado Carrillo
ex Secretario de Finanzas.
Secretario de Educación.
Gobierno del Distrito Federal (2006-2012).

Agosto 2010.

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Experiencias de Fiscalización: el largo camino hacia la Auditoría Superior del Distrito Federal

Prólogo de la Presidenta de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, Alejandra Barrales, al libro de Pablo Trejo. Experiencias de Ficalización: el largo camino hacia la Auditoría Superior del Distrito Federal; segunda investigación de la Serie Estudios Fiscales.

El proceso evolutivo de la Ciudad de México hacia una condición jurídica y política acorde a los legítimos derechos de sus habitantes solo podrá ser posible a partir del progreso continuo de su marco normativo, pues es éste el que hace posible el soporte institucional que permitirá la realización de las legítimas aspiraciones de sus habitantes.

En el camino hacia el perfeccionamiento normativo para dotar al Distrito Federal de instituciones públicas modernas, cobra especial relevancia el control que se pueda realizar sobre la función pública que tiene lugar cotidianamente desde las diferentes estructuras de los Poderes, los organismos autónomos y entes de la administración pública.

Ahí donde hay recurso público, ahí tiene que haber un órgano que vele tanto por su correcta aplicación como por un ejercicio eficiente, oportuno y transparente, cumpliendo siempre con las metas planteadas por la propia administración pública, pero sobre todo en congruencia con los más altos valores de una sociedad que exige la urgente atención a sus necesidades desde las instituciones a las que ha otorgado su confianza.

Por eso, la investigación que ha emprendido el doctor Pablo Trejo no podía haber llegado en un mejor momento, porque es ahora cuando nos estamos planteando como habitantes de una Ciudad de México en constante cambio el camino que queremos transitar para alcanzar una nueva etapa en el ejercicio de los derechos políticos, sociales y económicos.

En la construcción de ese entramado normativo e institucional, la rendición de cuentas está llamada a tener un protagonismo estratégico para un proyecto social que se vislumbra desde ahora vanguardista frente a las instituciones existentes en el ámbito nacional como internacional.

Con esa visión de vanguardia, el doctor Trejo ha emprendido una exhaustiva revisión de la tarea fiscalizadora, de sus fundamentos teóricos, de la experiencia histórica, de los modelos adoptados en nuestro continente y en otras latitudes, y con esos elementos nos expone de una manera muy reveladora las bases que a su juicio deberá tener el modelo propio que requerimos en la Ciudad de México.

En la reingeniería de una entidad fiscalizadora para el Distrito Federal habrán de valorarse necesariamente los elementos que determinen su éxito para asegurar una correcta rendición de cuentas, la revisión oportuna de los informes financieros, el acceso a la información pública y la transparencia de los procesos en los diferentes niveles de la administración.

Es por todos compartidos la noción de que la fiscalización es la herramienta esencial en el combate a la corrupción porque supervisa la conducta y las decisiones que adoptan quienes están al frente de las instituciones donde se ejerce el recurso público.

La independencia de los órganos de fiscalización es también condición necesaria en la construcción de sociedades democráticas, pues es un signo de su fortaleza porque hace realidad el control de la función pública a partir de valores que esta investigación tiene especial cuidado en resaltar, como es la imparcialidad y la garantía de una actuación sin presiones de tipo político, económico o de otra naturaleza.

Está muy claro para el doctor Trejo que el camino por recorrer hacia un control de la función pública más eficaz en la Ciudad de México tiene que pasar por el fomento a una autonomía operativa, financiera y administrativa, que además promueva la operación eficiente y eficaz de las instituciones, facilite la transparencia de la administración y fortalezca la credibilidad hacia los servicios de auditoría y los informes de los organismos públicos.

Pero en el camino hacia un nuevo modelo de fiscalización superior local, el autor nos muestra las limitantes reales a las que se enfrenta la autoridad que tiene esa responsabilidad, por lo que adquiere un gran valor que sugiera de igual manera las mejores estrategias para inhibir la corrupción en el conjunto de entes públicos a vigilar y estimular el cabal cumplimiento de las responsabilidades que tienen ante la sociedad.

A partir de un recuento muy certero de la historia de la fiscalización en México es que podemos recordarnos que esta actividad tiene un bagaje que se ha enriquecido con experiencias internacionales, pero que toca ahora modernizarlo conforme es nuestro deseo avanzar hacia un nuevo orden jurídico y político para la Ciudad de México, porque necesariamente deberemos acompañarlo con la maduración de la cultura de la rendición de cuentas.

Ese modelo de fiscalización habrá de vincularse también al que garantiza el acceso de cualquier persona a la información pública, pues son estas normas también las que han ido forjando una cultura de la transparencia tanto en la Ciudad de México como en el resto del país.

Sin embargo, los grados de avance son diferenciados al hacer el análisis puntual tanto de las Constituciones como de las leyes secundarias que actualmente están vigentes en los estados de la República.

De ahí que el camino que habrá de transitar nuestra Ciudad deberá retomar las mejores prácticas de fiscalización de otras entidades, y abra paso a un modelo local que nos ubique, una vez más, como punta de lanza en este proceso evolutivo de nuestro entramado institucional y democrático.

 

Dip. Alejandra Barrales Magdaleno

Presidenta de la Comisión de Gobierno

Asamblea Legislativa del Distrito Federal

V Legislatura

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