El día lunes se publicó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), va a indagar a 56 legisladores, entre diputados y senadores, por no haber declarado ingresos adicionales que fueron depositados en efectivo a sus cuentas personales, aunque el SAT se niega a señalar quienes son esos legisladores, argumentando el secreto fiscal, no podemos dejar pasar que el Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE) se estableció con ese propósito, aunque hasta hoy sólo ha dado algunos resultados menores y la autoridad fiscal ha sido incapaz de utilizarlo para localizar a los grandes evasores fiscales y a quienes manejan grandes cantidades de dinero en efectivo si explicación alguna.
Lo anterior viene al caso por que la semana pasada se dio a conocer el informe del Global Finacial Integrity (GFI) sobre el lavado de dinero en México.
El informe concluye que la fuga ilegal de capital procedente de México en los últimos cuarenta años representa 872,000 millones de dólares. Una suma por demás alarmante cuando se entiende que mucho de estos flujos ilícitos son el producto de la corrupción, sobornos o comisiones, actividades criminales y esfuerzos por evadir a las autoridades fiscales nacionales, aunque una porción también considerable es consecuencia de la incertidumbre, expropiaciones y otros actos arbitrarios por parte de la autoridad.
Con el estudio hecho por GFI, los 56 legisladores sujetos a indagación por parte del SAT y dos maletas con dinero en efectivo incautadas en un aeropuerto, como evidencia, la conclusión de esta semana es, que en México no existen los mecanismos institucionales mínimos para garantizar la fiscalización de los recursos públicos y privados. Otra hipótesis es que algunas leyes, comenzando por las electorales en estos tiempos, hacen más por ocultar que por transparentar.
Resulta sorprendente que después de cinco años y medio de lucha frontal contra el crimen organizado no se registren datos sobre una disminución de flujos financieros ilícitos.
En cambio, en los últimos diez años, los flujos medios anuales de salida de capital ilícito ascendieron a 49,600 millones de dólares. Es decir, en estos últimos diez años se concentra casi la mitad de la fuga ilícita de capital de las últimas cuatro décadas.
Con estos hechos inicia la contienda electoral, con la gran incertidumbre de que las campañas puedan contar con recursos de procedencia ilícita, ante las laxas leyes con las que contamos en el país.
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