El ping - pong de la transparencia

En septiembre de 2012 Alejandro Encinas Rodríguez presentó en el Senado una propuesta para fortalecer al IFAI y dotarlo de más herramientas jurídicas que le permitan realizar una mejor tarea en materia de transparencia. La expectativa en torno a este tema aumentó cuando en diciembre de 2012, Peña Nieto recordó que el 21 de mayo de ese mismo año (todavía durante la campaña y en pleno movimiento #yosoy132) se comprometió en el Manifiesto por una Presidencia Democrática a fortalecer al IFAI, dejando ver que instruiría a su partido, el PRI, a impulsar las reformas necesarias para ello. El Senado trabajo en ese sentido y envío una minuta a la Cámara de Diputados, se proponía modificar varios artículos de la Constitución, cuyo objetivo era que toda autoridad, órgano, persona física, moral o sindicato que recibiera o ejerciera recursos públicos o realizara actos de autoridad pudiera ser sometido a las mismas reglas de transparencia que marca la ley con otros entes de gobierno. Lo anterior consideraba a instituciones, partidos políticos y a cualquier gremio de trabajadores, lo que imponía a estas organizaciones obligaciones de transparencia en el uso de recursos, que actualmente no tienen que enfrentar. Los senadores también proponían que las resoluciones del IFAI fueran inatacables y definitivas, es decir, que no pudiera ser rechazada una petición de información argumentando motivos de seguridad o de otra índole. Si bien, el enfoque de esas propuestas era relativo a mejorar la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, se podría afirmar que era vista como un avance en la materia. Sin embargo, cuando el proyecto se estudió en la Cámara de Diputados, se observaban cambios que no respondían a la voluntad propia de los senadores:

1. Los legisladores priístas establecieron que las resoluciones del instituto de transparencia puedan ser atacables e impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Procuraduría General de la República (PGR), la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH).
2. Los legisladores de la Cámara Baja también le quitaban al Instituto la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad, excluían a los partidos como sujetos obligados y abrieron la puerta a la renovación total de los consejeros.
3. No queda claro sí los partidos políticos rendirán cuentas a ciudadanos sin la intermediación del IFE, a pesar de que reciben y utilizan recursos del erario de manera sistemática.

Si bien los diputados matizaban estos tres cambios a temas como la seguridad, transgresiones a derechos humanos y cuando se considere que se está vulnerando la estabilidad financiera y económica del país, los diputados del PAN y del PRD habían dicho que no votarán en el Pleno el proyecto trabajado en comisiones hasta no regresar al documento el "espíritu" contenido en la minuta del Senado. Incluso, los senadores advirtieron que estaba en riesgo el periodo extraordinario si se insiste en modificar la minuta de la cámara de origen.

El conflicto legislativo estuvo a la orden. ¿Tienen derecho los diputados de un partido a cambiar la voluntad de una Cámara de origen? ¿Qué haría ese mismo Partido en el Senado, si se hubiera regresado la minuta? Pero en medio de ese debate, de ese juego de ping – pong para debilitar un tema fundamental en una sociedad democrática, se olvida algo esencial.

La transparencia es, más que nada, una herramienta para rendir cuentas, para empoderar al ciudadano e incluso para controlar el ejercicio de la función pública. Como salió la reforma del Congreso parece no responder a ese hecho. Sigue prevaleciendo la visión de que la herramienta es un logro o condición que hay que escatimar y limitar, y no un derecho del ciudadano y una obligación para el gobierno. Ese enfoque, desgraciadamente, con la tecnología, con la amplia capacidad de las redes sociales, no sirve ahora ya de mucho.

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@DrPabloTrejo

A la calle

El debate sobre la legalización de las drogas se encontró inmerso con un hecho que no se esperaba: Rafael Caro Quintero, pionero a mediados de los setenta del tráfico de drogas a gran escala a Estados Unidos, está libre. Caro Quintero (nacido en La Noria, Sinaloa, en pleno Triangulo Dorado, en 1952) permanecía encerrado desde hace 28 años y todavía le faltaban 12 entre rejas por el secuestro y asesinato en 1985 de Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Sin embargo, un tribunal local considera que el capo fue juzgado de manera indebida, ya que al no ser un diplomático ni un integrante consular, su caso debió ser tratado por el fuero común y no el federal. El error procesal le ha abierto las puertas de la prisión. Ese mismo error permitirá salir de prisión a Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto. Los errores de la Procuraduría General de la República (PGR), según el juez, en el caso se pueden resumir en:

• No se acreditó adecuadamente a Caro Quintero la asociación delictuosa.

• Se acusó a Caro del homicidio de Albert G. Radelat y John Clay Walker con una legislación diferente de la que estaba en vigor cuando ocurrieron esos crímenes.

• Se autorizó la averiguación previa en 1984, que al año siguiente fue aplicada contra Caro Quintero, pero que no incluía los delitos de siembra, cultivo y cosecha de mariguana, además de su posesión con la finalidad de tráfico. Éstos fueron agregados después, sin cumplir el procedimiento legalmente establecido.

• Se le acusó de haber secuestrado a los casi cuatro mil campesinos que trabajaron en el rancho chihuahuense El Búfalo, cuando en realidad tenía una relación laboral con esas personas.

• Se consignó a Caro ante un juez federal por los crímenes de Enrique Camarena y Alfredo Zavala, agente y piloto aviador, respectivamente, de la DEA, sin haber acreditado que fueran miembros de la misión diplomática estadunidense en México y debió ser juzgado por un juez del fuero común.

De esta manera, el narco de narcos, el hombre que aún en la cárcel se arreglaba el bigote y se depilaba las cejas, fue absuelto. Esa decisión, como era de esperar, ha sentado mal en EEUU. La DEA se declaró "profundamente preocupada" por la decisión del tribunal. La agencia antidrogas norteamericana asegura que continuará esforzándose para asegurarse de que Quintero enfrente cargos ante la justicia norteamericana por los crímenes que ha cometido, por lo que el siguiente paso será ver si las autoridades mexicanas conceden su extradición. En su página de Internet, la DEA expone que existen dos acusaciones contra el narcotraficante: una por el caso del agente y la otra por posesión de marihuana y cocaína con intención de distribución. En su información explican que Caro Quintero fue requerido por el Distrito Central de California. Además, en diciembre de 2012, la Agencia Antidrogas de EE UU emitió una alerta internacional en la que solicita su detención. La extradición podría ser desestimada por el Poder Judicial mexicano debido a que la pena de muerte o cadena perpetua no está reconocida en este país. Sin embargo, no se pone en tela de juicio algo importante que el caso Quintero reveló: la presencia de los agentes de la DEA en territorio mexicano. Desde esa época los ha habido, pero poco más se sabe. ¿Donde están? ¿Quién los controla? ¿Respetan la legislación mexicana? ¿Tiene conocimiento el gobierno mexicano de la presencia de agentes extranjeros en el país? ¿Cuál es su cometido? ¿Están buscando al Chapo Gúzman? Ni la Procuraduría ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni, por supuesto, la Embajada de los EEU responden.

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Elogio al modelo islandés

Al modelo de rescates financieros tipo el Fobaproa o El Corralito argentino les ha salido un duro competidor en manos del gobierno de Islandia. A los elogios que desde la izquierda se hicieron en su momento sobre el "no rescate a los bancos pero si a las familias" se ha sumado esta semana el nada más y nada menos que el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cinco años después de la crisis financiera el panorama islandés es, según el reporte del FMI sobre la isla, este: una tasa de desempleo del 5,1% en mayo —desde el 9,2% que alcanzó en septiembre de 2010—, una inflación del 3,3% en junio —desde el pico del 18,6% en junio de 2009— y un crecimiento del PIB —aunque más bajo que en 2011— del 1,6% en 2012. El organismo, sin embargo, alude constantemente a los "riesgos heredados", a los problemas que el país nórdico arrastra desde la crisis, y llama a combatirlos para "garantizar la estabilidad". Uno de los principales retos es levantar los controles de capital que Reikiavik impuso cuando sus tres principales bancos colapsaron y tuvo que pedir la ayuda del FMI. En su momento, los controles ayudaron a estabilizar la situación y fortalecer la corona, la moneda islandesa. Pero, aunque el programa de ayuda del Fondo se completó en agosto de 2011 e Islandia ha vuelto a los mercados de capitales para financiarse, esos controles de capital todavía siguen en vigor coartando su potencial de crecimiento. En primer lugar, advierten de que debe manejarse la liquidación de los bancos quebrados de forma que no afecte a la estabilidad financiera. También solicitan reforzar los incentivos para conseguir liberar las reservas de coronas que se encuentran fuera del sistema, una condición "clave" para retirar los controles, y una petición recurrente de los técnicos del Fondo. Además, llaman a establecer una regulación clara y prudente y supervisar el proceso hacia la total liberalización. A los bancos, principales responsables del hundimiento y endeudamiento de las familias, el Fondo les pide mantener colchones de capital y liquidez suficientes y abordar la morosidad e insta a crear un marco entre los distintos agentes para controlar los riesgos sistémicos. Sin embargo, el riesgo está en el HFF, el fondo gubernamental que concede hipotecas, que vuelve a ser objeto de preocupación por el uso desmesurado -otra vez- de los bancos, y el FMI pide que se reestructure para proteger al Tesoro islandés de posibles pérdidas. Si bien es pronto para decir que el modelo ha sido un éxito rotundo, el elogio del principal impulsor del modelo neoliberal señala que en los múltiples caminos de los rescates bancarios -y habría que decir también de su toma de decisiones- todavía no hay nada escrito. Aunque ya va quedando claro que se puede proteger a la ciudadanía de costos por los que no es responsable.

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Pablo Trejo Pérez
@DrPabloTrejo

La justicia lenta

La reforma penal avanza al ritmo lento y preocupante de los juicios: solo tres de los Estados (Chihuahua, Estado de México y Morelos) tienen implantado el nuevo sistema de los juicios orales. Las dificultades de arrancar en todo el país tienen que ver con la ambición de las medidas y con los viejos hábitos de la cultura judicial (declaraciones por escrito, conductas policiales corruptas, jueces temerosos del poder del hampa y un largo etcetera). La impartición de juicios orales, en palabras de un experto como Miguel Carbonell supone una revolución del sistema judicial: en una sola audiencia se presentará la acusación, la defensa, el ofrecimiento de pruebas de fiscal y defensa, los testigos. Lo que antes tardaba seis meses ahora tardará tres semanas. La reforma judicial traerá una serie de novedades a la cultura jurídica nacional, a saber:

• Obliga a la presencia de un juez en las audiencias (hoy día se hace ante secretarios debido a la carga de trabajo) y en la fase de investigación para que agentes del Ministerio Público no desborden su actuación.

• Los policías se convertirán en una especie de peritos científicos. Aprenderán a hacer mejores investigaciones (la inmensa mayoría de las acusaciones hoy carecen de pruebas físicas, según abogados y activistas de Derechos Humanos). El dilema, por supuesto, es ver cómo impacta la ley en las Procuradurías.

• La prisión preventiva pasará a estar limitada a casos de peligro para la sociedad y no para delitos menores. Se apostará por medidas alternativas, negociaciones y reparaciones del daño.

• El nuevo proceso garantiza que las audiencias serán públicas. Casos como el que se dio con los productores de Presunto Culpable no serán más que triste recuerdo.

Ahora bien, no está claro si la aplicación de los juicios orales llevará a la homologación o a la creación de un único Código Federal, que castigue igual todos los delitos. Eso podría poner en severos aprietos el sistema de impartición de justicia, que actualmente es prerrogativa de los estados. Mientras, el Senado discute la homologación de todos los procedimientos penales bajo el principio de los juicios orales. Lento, pero viene, el futuro. Lenta, en la carroza, vieja esa dama vieja llamada Justicia, escribió Machado.

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Pablo Trejo Pérez
Twitter @DrPabloTrejo