En septiembre de 2012 Alejandro Encinas Rodríguez presentó en el Senado una propuesta para fortalecer al IFAI y dotarlo de más herramientas jurídicas que le permitan realizar una mejor tarea en materia de transparencia. La expectativa en torno a este tema aumentó cuando en diciembre de 2012, Peña Nieto recordó que el 21 de mayo de ese mismo año (todavía durante la campaña y en pleno movimiento #yosoy132) se comprometió en el Manifiesto por una Presidencia Democrática a fortalecer al IFAI, dejando ver que instruiría a su partido, el PRI, a impulsar las reformas necesarias para ello. El Senado trabajo en ese sentido y envío una minuta a la Cámara de Diputados, se proponía modificar varios artículos de la Constitución, cuyo objetivo era que toda autoridad, órgano, persona física, moral o sindicato que recibiera o ejerciera recursos públicos o realizara actos de autoridad pudiera ser sometido a las mismas reglas de transparencia que marca la ley con otros entes de gobierno. Lo anterior consideraba a instituciones, partidos políticos y a cualquier gremio de trabajadores, lo que imponía a estas organizaciones obligaciones de transparencia en el uso de recursos, que actualmente no tienen que enfrentar. Los senadores también proponían que las resoluciones del IFAI fueran inatacables y definitivas, es decir, que no pudiera ser rechazada una petición de información argumentando motivos de seguridad o de otra índole. Si bien, el enfoque de esas propuestas era relativo a mejorar la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, se podría afirmar que era vista como un avance en la materia. Sin embargo, cuando el proyecto se estudió en la Cámara de Diputados, se observaban cambios que no respondían a la voluntad propia de los senadores:
- Los legisladores priístas establecieron que las resoluciones del instituto de transparencia puedan ser atacables e impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Procuraduría General de la República (PGR), la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH).
- Los legisladores de la Cámara Baja también le quitaban al Instituto la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad, excluían a los partidos como sujetos obligados y abrieron la puerta a la renovación total de los consejeros.
- No queda claro sí los partidos políticos rendirán cuentas a ciudadanos sin la intermediación del IFE, a pesar de que reciben y utilizan recursos del erario de manera sistemática.
Si bien los diputados matizaban estos tres cambios a temas como la seguridad, transgresiones a derechos humanos y cuando se considere que se está vulnerando la estabilidad financiera y económica del país, los diputados del PAN y del PRD habían dicho que no votarán en el Pleno el proyecto trabajado en comisiones hasta no regresar al documento el "espíritu" contenido en la minuta del Senado. Incluso, los senadores advirtieron que estaba en riesgo el periodo extraordinario si se insiste en modificar la minuta de la cámara de origen.
El conflicto legislativo estuvo a la orden. ¿Tienen derecho los diputados de un partido a cambiar la voluntad de una Cámara de origen? ¿Qué haría ese mismo Partido en el Senado, si se hubiera regresado la minuta? Pero en medio de ese debate, de ese juego de ping – pong para debilitar un tema fundamental en una sociedad democrática, se olvida algo esencial.
La transparencia es, más que nada, una herramienta para rendir cuentas, para empoderar al ciudadano e incluso para controlar el ejercicio de la función pública. Como salió la reforma del Congreso parece no responder a ese hecho. Sigue prevaleciendo la visión de que la herramienta es un logro o condición que hay que escatimar y limitar, y no un derecho del ciudadano y una obligación para el gobierno. Ese enfoque, desgraciadamente, con la tecnología, con la amplia capacidad de las redes sociales, no sirve ahora ya de mucho.
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