El debate sobre la legalización de las drogas se encontró inmerso con un hecho que no se esperaba: Rafael Caro Quintero, pionero a mediados de los setenta del tráfico de drogas a gran escala a Estados Unidos, está libre. Caro Quintero (nacido en La Noria, Sinaloa, en pleno Triangulo Dorado, en 1952) permanecía encerrado desde hace 28 años y todavía le faltaban 12 entre rejas por el secuestro y asesinato en 1985 de Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Sin embargo, un tribunal local considera que el capo fue juzgado de manera indebida, ya que al no ser un diplomático ni un integrante consular, su caso debió ser tratado por el fuero común y no el federal. El error procesal le ha abierto las puertas de la prisión. Ese mismo error permitirá salir de prisión a Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto. Los errores de la Procuraduría General de la República (PGR), según el juez, en el caso se pueden resumir en:
No se acreditó adecuadamente a Caro Quintero la asociación delictuosa.
Se acusó a Caro del homicidio de Albert G. Radelat y John Clay Walker con una legislación diferente de la que estaba en vigor cuando ocurrieron esos crímenes.
Se autorizó la averiguación previa en 1984, que al año siguiente fue aplicada contra Caro Quintero, pero que no incluía los delitos de siembra, cultivo y cosecha de mariguana, además de su posesión con la finalidad de tráfico. Éstos fueron agregados después, sin cumplir el procedimiento legalmente establecido.
Se le acusó de haber secuestrado a los casi cuatro mil campesinos que trabajaron en el rancho chihuahuense El Búfalo, cuando en realidad tenía una relación laboral con esas personas.
Se consignó a Caro ante un juez federal por los crímenes de Enrique Camarena y Alfredo Zavala, agente y piloto aviador, respectivamente, de la DEA, sin haber acreditado que fueran miembros de la misión diplomática estadunidense en México y debió ser juzgado por un juez del fuero común.
De esta manera, el narco de narcos, el hombre que aún en la cárcel se arreglaba el bigote y se depilaba las cejas, fue absuelto. Esa decisión, como era de esperar, ha sentado mal en EEUU. La DEA se declaró "profundamente preocupada" por la decisión del tribunal. La agencia antidrogas norteamericana asegura que continuará esforzándose para asegurarse de que Quintero enfrente cargos ante la justicia norteamericana por los crímenes que ha cometido, por lo que el siguiente paso será ver si las autoridades mexicanas conceden su extradición. En su página de Internet, la DEA expone que existen dos acusaciones contra el narcotraficante: una por el caso del agente y la otra por posesión de marihuana y cocaína con intención de distribución. En su información explican que Caro Quintero fue requerido por el Distrito Central de California. Además, en diciembre de 2012, la Agencia Antidrogas de EE UU emitió una alerta internacional en la que solicita su detención. La extradición podría ser desestimada por el Poder Judicial mexicano debido a que la pena de muerte o cadena perpetua no está reconocida en este país. Sin embargo, no se pone en tela de juicio algo importante que el caso Quintero reveló: la presencia de los agentes de la DEA en territorio mexicano. Desde esa época los ha habido, pero poco más se sabe. ¿Donde están? ¿Quién los controla? ¿Respetan la legislación mexicana? ¿Tiene conocimiento el gobierno mexicano de la presencia de agentes extranjeros en el país? ¿Cuál es su cometido? ¿Están buscando al Chapo Gúzman? Ni la Procuraduría ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni, por supuesto, la Embajada de los EEU responden.
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