Secuestros al alza

Según el gobierno del PRI, la delincuencia en México ha disminuido. Así lo repiten en los medios de comunicación a cada oportunidad. Sin embargo, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía (INEGI) en México se cometieron 105.000 secuestros en 2012, una cifra que multiplica por 100 los datos gubernamentales que se tenían hasta ahora, que hablaban de poco más de 1.000 casos anuales. El dato revela que el problema es mucho mayor de lo que se pensaba. El INEGI apunta que en el país se cometieron 21,6 millones de delitos durante el año pasado pero que el 92% no fueron denunciados. Menos de uno de cada diez. En cuanto al rapto se sabía que existía una cifra negra muy elevada, los expertos daban por hecho que eran pocas las víctimas que daban a conocer su caso, pero ni los más pesimistas se acercaban a un número tan disparado. La organización Alto Secuestro, dirigida por la ex candidata del PAN al GDF, Isable Miranda, calculaba que se estaban produciendo unos 10.000 secuestros al año. El número fue considerado una exageración. Como casi siempre, la realidad supera las expectativas. A la cabeza de los estados con mayor índice de inseguridad está el Estado de México, en donde nueve de cada diez ciudadanos, afirma sentirse inseguro y está de acuerdo con que la inseguridad ha crecido en los últimos años en el Estado. Los números del instituto, basados en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (EN-VIPE) realizada en 95.000 hogares, no incluyen los secuestros exprés –el tener a alguien retenido hasta que desplumen sus tarjetas de crédito-, ni el rapto de miles de inmigrantes centroamericanos que cruzan México para alcanzar Estados Unidos, un tema que ha alarmado a la ONU y a otras organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales. El informe, que detalla por primera vez el número de secuestros, relata en cambio que se produjeron 4.007 desapariciones forzadas, lo que también se conoce como levantones, que consiste en llevarse a alguien por la fuerza para darle muerte o hacerlo desaparecer. Esta cifra mexicana supera por mucho los datos hechos públicos en Colombia, donde el secuestro fue por mucho tiempo -y lo sigue siendo- una práctica de los grupos armados y las redes criminales. Como dato de interés comparativo, de 1970 a 2010 en Colombia fueron secuestradas por lo menos una vez más de 39.000 personas, según una investigación del Centro Nacional de Memoria Histórica. Con estos datos, es evidente que no están funcionando las políticas en materia de seguridad en general. No hay un zar antisecuestros que tenga una estrategia definida y clara sobre el problema. Las unidades especializadas son un desastre, la policía -en el mejor de los casos- tiene buenas intenciones pero le falta capacidad para actuar, el poder judicial no colabora. El mensaje que se manda es de impunidad. La ciudadanía percibe con claridad eso, y está cambiando su estilo de vida. En la encuesta del organismo oficial se detalla que un 65% de la población ha dejado de utilizar joyas y otro tanto no permite que sus hijos menores salgan solos a la calle. El 72% considera que vive en un entorno peligroso.

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@DrPabloTrejo

Los desastres naturales y la oportunidad política

El 11 de septiembre, cuando se conmemoraban los 40 años del golpe de Estado en Chile y doce años de los ataques a Nueva York, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó de "la combinación de dos sistemas de bajas presiones con potencial ciclónico, uno en el Golfo de México y otro en el Pacífico Sur, que propiciaría lluvias muy fuertes durante los próximos días". Bautizaron a esos dos sistemas como Ingrid y Manuel, recibiendo la categoría de ciclones. Una semana después el paso de esos ciclones produjo más de un centenar de muertos. La pregunta que empieza a flotar entre los ciudadanos es: ¿cómo es posible que México no esté preparado para una tragedia de este tipo? Máxime si se tiene en cuenta que todos los años, entre los meses de mayo y octubre, México vive su temporada de huracanes. Al analizar la situación, se pueden ver varias razones para explicar el desastre.

·         México posee un sistema de alerta temprana para ciclones tropicales que sirve para ofrecer un pronóstico y determinar qué medidas deben tomarse. A toro pasado, resulta evidente que hay que modernizar ese sistema e implementarlo para que también puedan prevenirse otros fenómenos como deslizamientos de tierra o inundaciones. Se trata de tener más información de puntos precisos como radares, información satelital, estaciones meteorológicas, equipos de cómputo, análisis de tierras y datos concretos sobre el subsuelo.

·         Aquí se puede ver la negligencia y el fácil camino de la corrupción, con un tema tan sensible como los permisos para la construcción de viviendas. En Guerrero y Veracruz había construcciones de viviendas que nunca se apegaron al reglamento. Efectivamente, un ordenamiento territorial adecuado habría ayudado a que no hubiera estos corrimientos de tierra, ni tal cantidad de viviendas destruidas y vidas perdidas. ¿Existe ya una presión social para que se revise el uso del suelo y las construcciones en los límites de los ríos? ¿Harán algo los gobiernos municipales para cumplir con esos requerimientos? O como coloquialmente decimos, después del niño ahogado se va a tapar el pozo y a olvidar las tragedias y a los mexicanos que las están sufriendo.

·         El SMN emitió las alertas pero los Estados no se coordinaron entre sí ni con la Federación. La realidad es que esa coordinación resulta indispensable cuando hablamos de zonas con altos índices de pobreza, malas infraestructuras, asentamientos muy irregulares y una mala política de desarrollo urbano.

Si bien es cierto que los gobiernos no pueden evitar los fenómenos naturales también lo es que sus decisiones pueden incrementar o reducir los desastres que ocasionan. Hay una respuesta a la pregunta de qué se puede hacer en casos como este: la aplicación de la ley, esto es la certeza jurídica, en materia de desarrollo urbano municipal, además de la educación y la preparación de los habitantes de las comunidades, aunque quizá para algunos gobiernos sea más barato llevar varillas, carretillas, cubetas, tabiques y víveres, además de aprovechar la tragedia para sacar ventaja publicitaria y electoral, ahí tenemos el lamentable caso de la nefasta y corrupta Laura Bozzo de la mano de un gobernador, esa es nuestra triste realidad.

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@DrPabloTrejo

Un año con Peña Nieto.

Durante la campaña, Peña Nieto prometió que iba a mover a México. Ahora, con la presentación de su primer informe de gobierno, su gestión se ve ensombrecida por cuestiones espinosas. La economía, en primer lugar, no evoluciona como se esperaba. Hacienda ha recortado del 3,1% al 1,8% su previsión de crecimiento para 2013. La llegada del Gobierno de Peña, cargado de reformas, creó en sus primeros momentos expectativas de una rápida mejora económica, pero los datos actuales han desinflado de momento esa idea. La estrategia de seguridad de Peña Nieto, otro de los puntales de su programa de gobierno, también presenta flancos problemáticos. Si bien el número de homicidios dolosos ha bajado ya un 20% con respecto a 2012, al mismo tiempo, han aumentado los secuestros y las extorsiones, que habían sido fijados públicamente por Peña Nieto como objetivos prioritarios de su combate al crimen. Estos claroscuros estadísticos se ven acompañados también por la persistencia de un problema de autoridad institucional sobre el terreno en zonas campesinas del suroeste de México. En los estados de Guerrero y Michoacán operan desde inicios de 2013 autodefensas civiles que se han armado y se arrogan el derecho a defender sus pueblos ante la presencia del crimen organizado y lo que denuncian como un abandono de las fuerzas públicas. Y tampoco en el campo de los acuerdos políticos le marchan bien las cosas al presidente. Al principio de su mandato lució un lustroso Pacto por México que implicaba que las dos fuerzas centrales de oposición, el Partido de Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, lo apoyarían en sus reformas estructurales, en las que se consideraba que México necesitaba de forma urgente. Pero el acuerdo se ha ido quedando corto, entre otras cosas pro la utilización de programas sociales por parte del gobierno con fines netamente electorales, ocasionado que el PAN y PRD amaguen con dejarlo. Otro factor reciente que ha dañado la imagen del Ejecutivo es la aprobación este mismo mes de modificaciones de la Ley de Transparencia que obstaculizan el acceso de la información y la rendición de cuentas. Lo evidente a la fecha es que la conducción económica ha sido desastrosa. Los pocos avances que había en materia de transparencia están desapareciendo y el retorno del PRI ha servido de excusa para el resurgimiento de la corrupción en todos los rincones del país, tal cual lo reportó el último informe de Transparencia Internacional. Estos meses han demostrado que se puede aprobar legislación de toda índole y, sin embargo, no cambiar nada. Veamos:

1. Explotó una torre de PEMEX y hasta la fecha no ha habido una explicación convincente de lo que sucedió, dando idea a todo tipo de teorías de la conspiración.

2. El SAT le perdona a Televisa 3 mil 334 millones de pesos de impuestos.

3. Se aprueba la reforma laboral donde los trabajadores perderán derechos y antigüedad en el trabajo, el salario será de 7 pesos la hora.

4. Se declara inocente a Raúl Salinas de Gortari, se le regresan todos sus bienes y decenas de propiedades (se le decomisaron 160 millones de dólares en 1996 y ahora se le regresan).

5. Se libera a Rafael Caro Quintero, fundador del cartel de Guadalajara, por faltas al debido proceso sin que la PGR lograse apelar la resolución.

6. La gasolina en México no para de subir. Mientras, los medios anunciaban que el senador (del PRI) y líder petrolero Romero Deschamps le regalaba a su hijo uno de los autos más caros del mundo (2 millones de dólares) y el hijo compraba 5 propiedades en Miami con costos millonarios.

7. Se aprueba la reforma que permite a los extranjeros poseer propiedades en el litoral mexicano.

8. Son asesinados varios candidatos de la oposición en las pasadas elecciones.

9. Se encarcela a Elba Esther Gordillo, metáfora del charrismo sindical, pero queda como dirigente quien fuera su secretario general y, quien manejaba gran parte de los recursos del sindicato. Los maestros, ahora, están alineados con el PRI.

10. Está por ser aprobada la reforma energética, que permitirá que la nación comparta la renta petrolera con las compañías privadas.

Queda, por tanto una pregunta, ¿realmente Peña está moviendo a México? El informe está disponible en: http://informe.presidencia.gob.mx

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@DrPabloTrejo

El PRD y PEMEX

El lunes de la semana pasada se presentó, en el Monumento a la Revolución Mexicana, la iniciativa de Reforma Energética del Partido de la Revolución Democrática. Con respecto a PEMEX, los puntos principales de la iniciativa perredista giran en torno a darle mayor autonomía fiscal y de gestión a PEMEX, fortalecer los órganos reguladores y crear un fondo soberano, sin apertura a la iniciativa privada. Ahora, la iniciativa tiene un par de puntos interesantes desde el punto de vista de la sustentabilidad de la empresa: 

1.

En relación a la autonomía de gestión, es interesante la propuesta de remoción del secretario de Hacienda y del sindicato petrolero del Consejo de Administración de PEMEX. Esto se inspira en un cambio de enfoque de la paraestatal, la cual tendría que dejar de verse como la "caja grande" del erario público, en el caso de la autoridad hacendaria, y de salir al paso ante las ineficiencias en el manejo de los factores laborales de producción desde el órgano sindical.

2.

La creación de un Fondo Soberano como mecanismo de inversión a largo plazo emanado de los remanentes de la renta petrolera, que estaría destinando a atender las necesidades en materia, de pensiones y jubilaciones, seguridad social, salud y educación y al fortalecimiento de los órganos reguladores.

Es importante decir que ambas propuestas coinciden con planteamientos similares del PAN en su propuesta. La propuesta de ratificación de los consejeros por parte del Senado, podría ser más cuestionable, pues complicaría políticamente el propio órgano de dirección de la empresa. Pasaría algo más o menos a lo que sucede en el Consejo General del IFE, con los partidos disputándose a tal o cual consejero.

No parece, pues muy sensata dicha propuesta. Lo que si es cierto es que es evidente que se tiene como intención tender puentes al Ejecutivo. Se busca un acuerdo, que cambie lo menos posible la Constitución. Un ejemplo desde el terreno simbólico de ello: la reaparición de la figura del Ingeniero Cárdenas -el hijo del General-, al interior del Partido y como figura esencial de lo que es PEMEX, cuando ha estado alejado de la vida partidista desde 2005.

Parece claro que lo que busca la dirigencia partidaria es participar en la Reforma para así dotarse de protagonismo y quitárselo a Andrés Manuel López Obrador.

El Gobierno se encuentra, así, ante una oportunidad única para anular al gran rival, evitar repetir los errores de Calderón en 2008 y anotarse una reforma sin mayores consecuencias en la calle.

También, el acuerdo PRI – PRD beneficiaría al PAN dadas las similitudes de su propuesta con el gobierno y -en ciertos casos- con el perredismo.

En los próximos días, cuando se vuelva palpable el apoyo o la falta de él, a laconvocatoria de AMLO este 8 de septiembre, veremos si el acuerdo termina por materializarse.

@DrPabloTrejo

El ping - pong de la transparencia

En septiembre de 2012 Alejandro Encinas Rodríguez presentó en el Senado una propuesta para fortalecer al IFAI y dotarlo de más herramientas jurídicas que le permitan realizar una mejor tarea en materia de transparencia. La expectativa en torno a este tema aumentó cuando en diciembre de 2012, Peña Nieto recordó que el 21 de mayo de ese mismo año (todavía durante la campaña y en pleno movimiento #yosoy132) se comprometió en el Manifiesto por una Presidencia Democrática a fortalecer al IFAI, dejando ver que instruiría a su partido, el PRI, a impulsar las reformas necesarias para ello. El Senado trabajo en ese sentido y envío una minuta a la Cámara de Diputados, se proponía modificar varios artículos de la Constitución, cuyo objetivo era que toda autoridad, órgano, persona física, moral o sindicato que recibiera o ejerciera recursos públicos o realizara actos de autoridad pudiera ser sometido a las mismas reglas de transparencia que marca la ley con otros entes de gobierno. Lo anterior consideraba a instituciones, partidos políticos y a cualquier gremio de trabajadores, lo que imponía a estas organizaciones obligaciones de transparencia en el uso de recursos, que actualmente no tienen que enfrentar. Los senadores también proponían que las resoluciones del IFAI fueran inatacables y definitivas, es decir, que no pudiera ser rechazada una petición de información argumentando motivos de seguridad o de otra índole. Si bien, el enfoque de esas propuestas era relativo a mejorar la rendición de cuentas de cara a la ciudadanía, se podría afirmar que era vista como un avance en la materia. Sin embargo, cuando el proyecto se estudió en la Cámara de Diputados, se observaban cambios que no respondían a la voluntad propia de los senadores:

1. Los legisladores priístas establecieron que las resoluciones del instituto de transparencia puedan ser atacables e impugnadas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la Procuraduría General de la República (PGR), la Consejería Jurídica de la Presidencia, el Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos humanos (CNDH).
2. Los legisladores de la Cámara Baja también le quitaban al Instituto la facultad para interponer acciones de inconstitucionalidad, excluían a los partidos como sujetos obligados y abrieron la puerta a la renovación total de los consejeros.
3. No queda claro sí los partidos políticos rendirán cuentas a ciudadanos sin la intermediación del IFE, a pesar de que reciben y utilizan recursos del erario de manera sistemática.

Si bien los diputados matizaban estos tres cambios a temas como la seguridad, transgresiones a derechos humanos y cuando se considere que se está vulnerando la estabilidad financiera y económica del país, los diputados del PAN y del PRD habían dicho que no votarán en el Pleno el proyecto trabajado en comisiones hasta no regresar al documento el "espíritu" contenido en la minuta del Senado. Incluso, los senadores advirtieron que estaba en riesgo el periodo extraordinario si se insiste en modificar la minuta de la cámara de origen.

El conflicto legislativo estuvo a la orden. ¿Tienen derecho los diputados de un partido a cambiar la voluntad de una Cámara de origen? ¿Qué haría ese mismo Partido en el Senado, si se hubiera regresado la minuta? Pero en medio de ese debate, de ese juego de ping – pong para debilitar un tema fundamental en una sociedad democrática, se olvida algo esencial.

La transparencia es, más que nada, una herramienta para rendir cuentas, para empoderar al ciudadano e incluso para controlar el ejercicio de la función pública. Como salió la reforma del Congreso parece no responder a ese hecho. Sigue prevaleciendo la visión de que la herramienta es un logro o condición que hay que escatimar y limitar, y no un derecho del ciudadano y una obligación para el gobierno. Ese enfoque, desgraciadamente, con la tecnología, con la amplia capacidad de las redes sociales, no sirve ahora ya de mucho.

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@DrPabloTrejo

A la calle

El debate sobre la legalización de las drogas se encontró inmerso con un hecho que no se esperaba: Rafael Caro Quintero, pionero a mediados de los setenta del tráfico de drogas a gran escala a Estados Unidos, está libre. Caro Quintero (nacido en La Noria, Sinaloa, en pleno Triangulo Dorado, en 1952) permanecía encerrado desde hace 28 años y todavía le faltaban 12 entre rejas por el secuestro y asesinato en 1985 de Enrique Kiki Camarena, un agente de la DEA, la agencia antidrogas estadounidense. Sin embargo, un tribunal local considera que el capo fue juzgado de manera indebida, ya que al no ser un diplomático ni un integrante consular, su caso debió ser tratado por el fuero común y no el federal. El error procesal le ha abierto las puertas de la prisión. Ese mismo error permitirá salir de prisión a Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto. Los errores de la Procuraduría General de la República (PGR), según el juez, en el caso se pueden resumir en:

• No se acreditó adecuadamente a Caro Quintero la asociación delictuosa.

• Se acusó a Caro del homicidio de Albert G. Radelat y John Clay Walker con una legislación diferente de la que estaba en vigor cuando ocurrieron esos crímenes.

• Se autorizó la averiguación previa en 1984, que al año siguiente fue aplicada contra Caro Quintero, pero que no incluía los delitos de siembra, cultivo y cosecha de mariguana, además de su posesión con la finalidad de tráfico. Éstos fueron agregados después, sin cumplir el procedimiento legalmente establecido.

• Se le acusó de haber secuestrado a los casi cuatro mil campesinos que trabajaron en el rancho chihuahuense El Búfalo, cuando en realidad tenía una relación laboral con esas personas.

• Se consignó a Caro ante un juez federal por los crímenes de Enrique Camarena y Alfredo Zavala, agente y piloto aviador, respectivamente, de la DEA, sin haber acreditado que fueran miembros de la misión diplomática estadunidense en México y debió ser juzgado por un juez del fuero común.

De esta manera, el narco de narcos, el hombre que aún en la cárcel se arreglaba el bigote y se depilaba las cejas, fue absuelto. Esa decisión, como era de esperar, ha sentado mal en EEUU. La DEA se declaró "profundamente preocupada" por la decisión del tribunal. La agencia antidrogas norteamericana asegura que continuará esforzándose para asegurarse de que Quintero enfrente cargos ante la justicia norteamericana por los crímenes que ha cometido, por lo que el siguiente paso será ver si las autoridades mexicanas conceden su extradición. En su página de Internet, la DEA expone que existen dos acusaciones contra el narcotraficante: una por el caso del agente y la otra por posesión de marihuana y cocaína con intención de distribución. En su información explican que Caro Quintero fue requerido por el Distrito Central de California. Además, en diciembre de 2012, la Agencia Antidrogas de EE UU emitió una alerta internacional en la que solicita su detención. La extradición podría ser desestimada por el Poder Judicial mexicano debido a que la pena de muerte o cadena perpetua no está reconocida en este país. Sin embargo, no se pone en tela de juicio algo importante que el caso Quintero reveló: la presencia de los agentes de la DEA en territorio mexicano. Desde esa época los ha habido, pero poco más se sabe. ¿Donde están? ¿Quién los controla? ¿Respetan la legislación mexicana? ¿Tiene conocimiento el gobierno mexicano de la presencia de agentes extranjeros en el país? ¿Cuál es su cometido? ¿Están buscando al Chapo Gúzman? Ni la Procuraduría ni la Secretaría de Relaciones Exteriores ni, por supuesto, la Embajada de los EEU responden.

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Elogio al modelo islandés

Al modelo de rescates financieros tipo el Fobaproa o El Corralito argentino les ha salido un duro competidor en manos del gobierno de Islandia. A los elogios que desde la izquierda se hicieron en su momento sobre el "no rescate a los bancos pero si a las familias" se ha sumado esta semana el nada más y nada menos que el Fondo Monetario Internacional (FMI). Cinco años después de la crisis financiera el panorama islandés es, según el reporte del FMI sobre la isla, este: una tasa de desempleo del 5,1% en mayo —desde el 9,2% que alcanzó en septiembre de 2010—, una inflación del 3,3% en junio —desde el pico del 18,6% en junio de 2009— y un crecimiento del PIB —aunque más bajo que en 2011— del 1,6% en 2012. El organismo, sin embargo, alude constantemente a los "riesgos heredados", a los problemas que el país nórdico arrastra desde la crisis, y llama a combatirlos para "garantizar la estabilidad". Uno de los principales retos es levantar los controles de capital que Reikiavik impuso cuando sus tres principales bancos colapsaron y tuvo que pedir la ayuda del FMI. En su momento, los controles ayudaron a estabilizar la situación y fortalecer la corona, la moneda islandesa. Pero, aunque el programa de ayuda del Fondo se completó en agosto de 2011 e Islandia ha vuelto a los mercados de capitales para financiarse, esos controles de capital todavía siguen en vigor coartando su potencial de crecimiento. En primer lugar, advierten de que debe manejarse la liquidación de los bancos quebrados de forma que no afecte a la estabilidad financiera. También solicitan reforzar los incentivos para conseguir liberar las reservas de coronas que se encuentran fuera del sistema, una condición "clave" para retirar los controles, y una petición recurrente de los técnicos del Fondo. Además, llaman a establecer una regulación clara y prudente y supervisar el proceso hacia la total liberalización. A los bancos, principales responsables del hundimiento y endeudamiento de las familias, el Fondo les pide mantener colchones de capital y liquidez suficientes y abordar la morosidad e insta a crear un marco entre los distintos agentes para controlar los riesgos sistémicos. Sin embargo, el riesgo está en el HFF, el fondo gubernamental que concede hipotecas, que vuelve a ser objeto de preocupación por el uso desmesurado -otra vez- de los bancos, y el FMI pide que se reestructure para proteger al Tesoro islandés de posibles pérdidas. Si bien es pronto para decir que el modelo ha sido un éxito rotundo, el elogio del principal impulsor del modelo neoliberal señala que en los múltiples caminos de los rescates bancarios -y habría que decir también de su toma de decisiones- todavía no hay nada escrito. Aunque ya va quedando claro que se puede proteger a la ciudadanía de costos por los que no es responsable.

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Pablo Trejo Pérez
@DrPabloTrejo

La justicia lenta

La reforma penal avanza al ritmo lento y preocupante de los juicios: solo tres de los Estados (Chihuahua, Estado de México y Morelos) tienen implantado el nuevo sistema de los juicios orales. Las dificultades de arrancar en todo el país tienen que ver con la ambición de las medidas y con los viejos hábitos de la cultura judicial (declaraciones por escrito, conductas policiales corruptas, jueces temerosos del poder del hampa y un largo etcetera). La impartición de juicios orales, en palabras de un experto como Miguel Carbonell supone una revolución del sistema judicial: en una sola audiencia se presentará la acusación, la defensa, el ofrecimiento de pruebas de fiscal y defensa, los testigos. Lo que antes tardaba seis meses ahora tardará tres semanas. La reforma judicial traerá una serie de novedades a la cultura jurídica nacional, a saber:

• Obliga a la presencia de un juez en las audiencias (hoy día se hace ante secretarios debido a la carga de trabajo) y en la fase de investigación para que agentes del Ministerio Público no desborden su actuación.

• Los policías se convertirán en una especie de peritos científicos. Aprenderán a hacer mejores investigaciones (la inmensa mayoría de las acusaciones hoy carecen de pruebas físicas, según abogados y activistas de Derechos Humanos). El dilema, por supuesto, es ver cómo impacta la ley en las Procuradurías.

• La prisión preventiva pasará a estar limitada a casos de peligro para la sociedad y no para delitos menores. Se apostará por medidas alternativas, negociaciones y reparaciones del daño.

• El nuevo proceso garantiza que las audiencias serán públicas. Casos como el que se dio con los productores de Presunto Culpable no serán más que triste recuerdo.

Ahora bien, no está claro si la aplicación de los juicios orales llevará a la homologación o a la creación de un único Código Federal, que castigue igual todos los delitos. Eso podría poner en severos aprietos el sistema de impartición de justicia, que actualmente es prerrogativa de los estados. Mientras, el Senado discute la homologación de todos los procedimientos penales bajo el principio de los juicios orales. Lento, pero viene, el futuro. Lenta, en la carroza, vieja esa dama vieja llamada Justicia, escribió Machado.

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Pablo Trejo Pérez
Twitter @DrPabloTrejo

Caso Montiel.

Maude Versini, ex esposa de Arturo Montiel Rojas, ex gobernador del Estado de México, cumplió 583 días sin ver a sus hijos, quienes -acusa- son "retenidos ilegalmente" por su padre.

"Llevo 19 meses sin verlos", subraya.

En entrevista para Noticias MVS, primera emisión, este viernes, Versini afirma que hay un "círculo vicioso" en su caso: mientras los jueces le han dicho que "no pueden forzar a Montiel a que le permita ver a sus hijos", éste responde que no le permitirá ver a sus hijos hasta que haya una orden de un juez.

Versini habló sobre el amparo que ganó Montiel en un tribunal federal, con el que se ordenó reponer el procedimiento de restitución internacional de los menores; una resolución que implica que los hijos de ambos deberán permanecer en territorio mexicano hasta que un juez de lo familiar determine si la restitución que demanda la ciudadana francesa es benéfica para ellos.

"Me cuesta mucho trabajo luchar contra él,obviamente no tengo las influencias que él tiene, he ganado dos instancias, acabo de perder el amparo, estoy muy desesperada, luchando de manera incondicional por mis hijos", sostuvo.

Versini indicó que cuenta con el apoyo de gobierno de Francia -de donde es originaria- y siguen "paso a paso" su proceso legal.

"Ya me ha recibido la primera dama francesa, claro que están conmigo", refirió.

En ese sentido mencionó que el cónsul deFrancia en México es la única persona que ha podido ver a sus hijos en los meses de litigio, que inició Montiel por un presunto maltrato de los menores.

"El gobierno francés está muy pendiente me están diciendo que necesitamos confiar en la justicia mexicana", comentó.

Maude expuso que hay jueces que le han comentado que el caso no es de su competencia, "que se salen de sus papeles, que la única persona que lo puede hacer (dar el permiso para ver a sus hijos) es el licenciado Montiel".

Versini aseveró que se está violando el derecho de los niños a ver a su madre; "no entiendo por qué me impiden ver a mis niños… todo el mundo me da la espalda".

Perspectivas.

Perspectivas - 18 de julio

Para Avanzar en la Reforma Energética, Peña Nieto Debe Involucrar al Pueblo Un impulso de reforma en México, que muchos llaman histórico, podría llegar a ser épico este otoño, cuando el Presidente Enrique Peña Nieto presente los planes de reforma en el sector energético, así como la revisión al sistema fiscal del país. Existe un amplio consenso entre los economistas de que el crecimiento de México y su vitalidad a largo plazo dependen de la aprobación de estos planes, que están interconectados debido a que los ingresos del petróleo constituyen una parte importante del presupuesto federal. Además, hay un reconocimiento general entre gran parte del espectro político mexicano de que Pemex, la compañía petrolera del estado, se encuentra en una extrema necesidad de reforma. Actualmente, en su 75° aniversario, la reputación de la compañía refleja ineficiencia y corrupción; mientras que grandes y constantes pérdidas financieras-solo una de sus cuatro subsidiarias es rentable-resalta sus deficiencias. Una gran cantidad de problemas, operacionales y estructurales, ha limitado la habilidad de la compañía para invertir en la tecnología necesaria para explotar las reservas de aguas profundas y desarrollar los extensos depósitos de gas de pizarra de México. Los analistas argumentan que el plazo para que México expanda su producción de energía se está acabando y, a fin de llevar a cabo esta estrategia imprescindible, México debe cambiar el marco regulatorio para permitir una asociación internacional más profunda. A pesar de los pronósticos desalentadores, no parece haber un gran apoyo de parte de la población para una reforma del sector energético. Una encuesta reciente hecha por un respetado instituto de investigación mexicano, encontró que el 65% de los mexicanos desaprueban la inversión extranjera en dicho sector. Como un indicio de su fuerte liderazgo, el Presidente Peña Nieto no ha sido tímido al declarar su apoyo a tal cambio. En su época de candidato presidencial, frecuentemente habló de México como un "rehén de la ideología" y la necesidad de abrir el petróleo a la inversión privada para el bien de la economía y del pueblo mexicano. Y, en marzo durante la convención nacional del PRI, el Presidente promovió su causa al organizar la unidad detrás de un decreto para permitir una mayor participación privada en el sector energético de México. El resultado fue extraordinario dada la historia del petróleo en el país y la simbiosis entre el PRI y Pemex. Fue una llamada de advertencia de que las divisiones internas del partido no estancarán las reformas planeadas por la administración. En su mensaje por el aniversario de Pemex el pasado 7 de junio, el Presidente enfatizó su visión de que la compañía "debe ser transformada para que siga siendo un motor en el desarrollo del país", e insistió que "Pemex no será vendida o privatizada". Reiteró estos comentarios unos días después en un discurso y entrevistas durante su viaje a Europa por su asistencia a la reunión del G-8, agregando que la reforma incluirá "los cambios constitucionales requeridos para dar certidumbre a los inversionistas privados". También declaró su confianza en que el Pacto por México-la alianza tripartita que hasta ahora ha generado reformas sustanciosas en México como la laboral, educativa y del sector de telecomunicaciones-podría dar lugar a la reforma. Aunque la permanencia del Pacto aún está por verse, los resultados de las elecciones locales del 7 de julio ayudaron a consolidar su espíritu de cooperación y coordinación-al menos a dos de los tres partidos. La fuerte posición del PRI a nivel nacional y, paradójicamente, su pérdida ante el PAN en la única elección para gobernador-en Baja California-fortalecen la posición de Peña Nieto mientras empieza el próximo esfuerzo para la aprobación de las reformas. Sin embargo, las declaraciones del presidente en Europa, junto con un artículo de The Wall Street Journal del 18 de junio que presentó las revelaciones de oficiales de alto rango en una entrevista exclusiva, de que el gobierno podría abrir la industria energética a la inversión privada y a una licitación, generaron protestas en México. En el artículo también se comentó sobre otros aspectos anteriormente desconocidos del plan; incluyendo el que la reforma otorgaría contratos de 25 años en áreas específicas de aguas profundas, el desarrollo de un mecanismo para permitir a empresas extranjeras tener el derecho de apartar reservas, y crear una agencia nacional de petróleo para administrar el nuevo modelo de sociedad. El coro de protestas que resultó no solo se debió a las revelaciones en específico, sino también debido a dónde (el extranjero) y a quién (periodistas extranjeros) se le dio la primicia. La reacción, aunque no fue extrema, llegó como un claro recordatorio de lo profundas que son las susceptibilidades en lo que se refiere al manejo del patrimonio nacional. También sirvió para resaltar la importancia de una comunicación estratégica y la necesidad de que la administración presente un caso claro para la reforma energética, sobre todo a los más interesados: los mexicanos. Dado el descontento por la corrupción, la administración también debe ser cautelosa de dar una apariencia de hacer negocios a puerta cerrada o de tratar de esquivar los temas polémicos. Estas señales "preventivas", son especialmente relevantes dada la influencia y el potencial de muchos de los movimientos sociales. La espontaneidad de las manifestaciones masivas en las calles de Brasil es solo un ejemplo de lo que un gobierno no anticipó y que fue forzado a cambiar la dirección de una iniciativa de ley. Además tuvieron que encontrar la manera de responder rápidamente y de manera constructiva a los deseos, frecuentemente rudimentarios, de una población envalentonada y fortalecida. Es el ejemplo de una historia que empieza con frustración y encuentra su forma de expresión a través de la acción en masa. Tales escenarios no son desconocidos en México: por ejemplo el movimiento "Yo Soy 132", por nombrar el caso más reciente. La administración del  Presidente Peña Nieto seguramente sabe que debe estar atento a las efervescentes frustraciones alrededor del país-ya sea debido a la corrupción,interferencias en las elecciones, o cualquier otra queja que la ciudadanía pueda tener. A final de cuentas, no se va a tratar solo de la importancia de la reforma energética del apoyo de los economistas, analistas y la élite política; lo que va a ser esencial, es el manejo de las herramientas fundamentales en una democracia tales como la transparencia, comunicación y convencer al pueblo de la necesidad de los cambios. Esto es lo que determinará que la reforma energética tenga éxito. - Antonio Garza   En Otras Noticias Quiero tomar un momento para comentarles que Vicente Corta, nuestro Socio Ejecutivo aquí en White & Case Ciudad de México, recientemente fue honrado por la revista Líderes como uno de las personas más influyentes de México. ++ White & Case también fue reconocido como el Despacho Internacional del Año en la entrega de The Lawyer Awards en Londres en junio. ++ Adicionalmente, The American Lawyer's Global Law Awards reconoció al despacho con el premio Global M&A Deal of the Year (Acuerdo Global de Fusiones y Adquisiciones del Año) y el Global Pro Bono Program of the Year (Programa Global Pro Bono del Año). ++ En Vianovo, mi amigo y colega Matthew Dowd, comentarista de ABC News y fundador de Vianovo, recientemente compartió su visión sobre cómo podemos estar por encima de nuestras dificultades, personal, política y profesionalmente. Es un artículo profundo y está  ++ Por último, derivado de mi trabajo con el grupo Fix the Debt (Solucionemos la Deuda), hace poco compartí mis ideas con Fox News Latino acerca de la necesidad de solucionar la deuda nacional de Estados Unidos para asegurar la frontera y avanzar en la reforma migratoria.

Tres Dilemas Energéticos.

Pablo Trejo Pérez. 

 

El Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) ha presentado el estudio 3 Dilemas. Un diagnóstico para el futuro energético de México. Dicho documento constituye un preámbulo perfecto para lo que se debe debatir en septiembre, cuando el Ejecutivo presente la llamada Reforma Energética. Según CIDAC hay tres escenarios que se deben contemplar en esa reforma: la revolución norteamericana del shale oil y el shale gas; la simbiosis entre Pemex y el Estado mexicano; y los riesgos de concentrar la inversión sólo en petróleo.

 

La revolución del shale vino a cambiar el panorama petrolero mundial al incrementar sustancialmente las reservas de hidrocarburos de los países de Norteamérica. México aún desconoce el alcance de las reservas de gas y aceite que puedan estar en nuestro subsuelo, pero se tiene un estimado de 681 billones de pies cúbicos de gas natural y 13 mil millones de barriles técnicamente recuperables de shale oil. México podría sumarse a la explotación de este recurso para aprovechar sus ventajas en gas natural o en el mismo petróleo, pero con independencia de qué decida hacer el Estado mexicano con estos recursos, la estrategia de exportación de nuestros hidrocarburos debe ser revisada debido al cambio en el volumen de producción petrolera de los Estados Unidos.

 

Es peligroso suponer que los estadounidenses continuarán comprando el mismo volumen de petróleo mexicano y que los precios se mantendrán eleva dos, compensando así la caída en los ingresos petroleros del gobierno, derivados de una menor producción que hace una década. En este contexto internacional, México debe discutir una reforma energética que garantice su seguridad si no quiere pasar de ser un exportador a un importador neto de energía.

 

El documento es interesante, pues pretende ir más allá de la coyuntura y abordar también el terreno simbólico: la reforma energética en nuestro país tiene que contemplar soluciones a la simbiosis existente entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y el Estado postrevolucionario y la encrucijada ideológica sobre la posible asociación de la paraestatal con empresas privadas en la exploración y explotación de los hidrocarburos. Estos problemas son consecuencia de haber privilegiado a la industria petrolera como principal motor del desarrollo nacional y sostén de las finanzas públicas.

 

De este modo se generó un organismo faraónico, que explota casi toda la cadena productiva del petróleo y del gas, debido a un régimen jurídico restrictivo, y con un exceso de trabajadores contratados, derivados de la alianza política sempiterna entre el PRI y el sindicato petrolero. Finalmente, se abordan los factores para que el país acceda a las fuentes de energía de forma eficiente, permitiendo así un mayor crecimiento económico. Para alcanzar este objetivo, el país debe considerar todos los mercados energéticos, desde luego el del petróleo, pero también el del gas natural, la electricidad, y las energías renovables.

 

La insuficiente infraestructura de ductos en el mercado de gas natural ha generado problemas de desabasto que hicieron crisis en 2012, evitando un uso más eficiente del combustible por parte de los industriales y repercutiendo en el sector eléctrico al elevarse los costos de producción. Esto último es delicado en un país en el que las tarifas eléctricas son de las más altas de la OCDE. En ese sentido, CIDAC alerta de una urgencia: la transición hacia las energías más limpias es imperativa si México ha de cumplir con los compromisos contraídos en materia de cambio climático.

 

*Doctor en Administración Pública. Especialidad en Finanzas Públicas.

Profesor en Economía en la UNAM.