El Estado de derecho y la certeza jurídica en nuestro país se han convertido en valores que cada día se vuelven más lejanos y menos accesibles para el pueblo en general y es que en los diferentes niveles de gobierno, sea federal, estatal o municipal, quienes nos gobiernan, empezando por el Presidente Felipe Calderón, se han empeñado, en fortalecer la discrecionalidad en la aplicación de la ley, ya sea a favor de los amigos, como en el caso de Genaro García Luna, o en contra de los enemigos como en el caso del ex gobernador Pablo Salazar.
La detención, y posterior liberación, de Hank Rhon; las acusaciones de enriquecimiento ilícito en contra de Chaires Yáñez, cercano colaborador de Humberto Moreira, aparentan ser un esfuerzo que intenta incidir en el proceso judicial, cuando en realidad tiene un fin político.
Mientras tanto, la detención de Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernador de Chiapas, revela el uso político que se hace de las instituciones judiciales al interior de los estados. En los estados prevalece una dinámica de control absoluto por parte de los gobernadores y no es ajena la sensación de que los gobernantes se ríen del Estado de Derecho y de cuán válida sigue siendo esa máxima juarista que señala que a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas.
Durante la última semana se presentaron dos sucesos que lo ilustran. Los esfuerzos de increpar a Hank fueron desestimados por una juez que atendió el debido proceso y observó la falta de evidencia presentada ante ella.
El caso de Salazar da pie a sospechas de un uso político de las instituciones judiciales estatales, en particular por la volatilidad de las responsabilidades fincadas a él y la dilación en los resultados.
Cómo abordar la transición de gobierno es hoy una gran preocupación, por el temor al ajuste de cuentas.
En Oaxaca, por ejemplo, Ulises Ruiz adelantó auditorías y, en consecuencia, las resoluciones judiciales al respecto de irregularidades financieras, De esta forma, Gabino Cué está encontrando muchas dificultades en armar un caso que enjuicie al antiguo Secretario de Finanzas del estado, en particular, porque el caso ya lo desestimó un juez local durante la gestión de Ulises Ruiz. Es decir, los gobernadores elaboran estrategias sofisticadas para la transición toda vez que quieren evitar ser víctimas de la ausencia del Estado de derecho que ellos preservaban. El caso de Salazar ejemplifica que los mecanismos de protección que intentó dejar en la transición fueron insuficientes y ahora, el exgobernador, es vulnerable al uso político de las instituciones de justicia local.
Más allá de los involucrados, queda claro que en este país, ante la transición, las cabezas del Ejecutivo, ya sea federal o local, ven sus próximos procesos electorales como tema de vida o muerte que sus candidatos ganen su respectiva elección, de lo contrario, se les puede abrir un proceso judicial, por lo endeble del Estado de derecho y la falta de certeza jurídica en nuestro país.
La detención, y posterior liberación, de Hank Rhon; las acusaciones de enriquecimiento ilícito en contra de Chaires Yáñez, cercano colaborador de Humberto Moreira, aparentan ser un esfuerzo que intenta incidir en el proceso judicial, cuando en realidad tiene un fin político.
Mientras tanto, la detención de Pablo Salazar Mendiguchía, exgobernador de Chiapas, revela el uso político que se hace de las instituciones judiciales al interior de los estados. En los estados prevalece una dinámica de control absoluto por parte de los gobernadores y no es ajena la sensación de que los gobernantes se ríen del Estado de Derecho y de cuán válida sigue siendo esa máxima juarista que señala que a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, justicia a secas.
Durante la última semana se presentaron dos sucesos que lo ilustran. Los esfuerzos de increpar a Hank fueron desestimados por una juez que atendió el debido proceso y observó la falta de evidencia presentada ante ella.
El caso de Salazar da pie a sospechas de un uso político de las instituciones judiciales estatales, en particular por la volatilidad de las responsabilidades fincadas a él y la dilación en los resultados.
Cómo abordar la transición de gobierno es hoy una gran preocupación, por el temor al ajuste de cuentas.
En Oaxaca, por ejemplo, Ulises Ruiz adelantó auditorías y, en consecuencia, las resoluciones judiciales al respecto de irregularidades financieras, De esta forma, Gabino Cué está encontrando muchas dificultades en armar un caso que enjuicie al antiguo Secretario de Finanzas del estado, en particular, porque el caso ya lo desestimó un juez local durante la gestión de Ulises Ruiz. Es decir, los gobernadores elaboran estrategias sofisticadas para la transición toda vez que quieren evitar ser víctimas de la ausencia del Estado de derecho que ellos preservaban. El caso de Salazar ejemplifica que los mecanismos de protección que intentó dejar en la transición fueron insuficientes y ahora, el exgobernador, es vulnerable al uso político de las instituciones de justicia local.
Más allá de los involucrados, queda claro que en este país, ante la transición, las cabezas del Ejecutivo, ya sea federal o local, ven sus próximos procesos electorales como tema de vida o muerte que sus candidatos ganen su respectiva elección, de lo contrario, se les puede abrir un proceso judicial, por lo endeble del Estado de derecho y la falta de certeza jurídica en nuestro país.
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