La decisión de la rebaja en la calificación crediticia de los Estados Unidos ha disparado los rumores de una nueva crisis en México. Ante este supuesto, se presentan tres acontecimientos que, si bien de momento, no están relacionados, en un futuro próximo tendrán un papel central, estos son: Recursos para los estados, las PyMES como la palanca al desarrollo y La crisis de fin de sexenio.
Centrándonos en el primer punto, no hay que perder de vista que el PRI decidió incluir en su estrategia de negociación del paquete fiscal 2012, reformar la Ley General de Coordinación Fiscal (LGCF). Esto implicaría incrementar los recursos de los gobiernos estatales (sin ampliar, desde luego, sus obligaciones recaudatorias), rumbo al periodo electoral. Si bien es probable que sea sólo un amago del PRI para establecer un punto de partida en la negociación presupuestaria, muestra un partido más orientado a jalar la cobija que a hacerla más grande. Un PRI indispuesto a asumir los costos políticos de los remedios amargos, incluso en un contexto económico mundial emproblemado.
Lo cierto es que el contexto económico de E.U. sí modifica las expectativas del presupuesto 2012, éste sólo crecería alrededor de 3.44% (negativo en términos reales). Ante eso el PRI no podría aspirar a más recursos, sin autorizar más deuda, hacer recortes en el presupuesto (afectando a grupos de interés afines al PRI), incrementar impuestos (improbable en el escenario preelectoral), o establecer un precio del barril de petróleo a la baja para generar más excedentes y beneficiar a los estados. Lo que sin duda harán, es presionar para canalizar a sus estados los recursos producto de los subejercicios. Esta postura podría además tener implicaciones en otras reformas que están en proceso de aprobación. Lo cierto es que la negociación girará en torno al dinero, y hay que tener en cuenta que la deuda pública en diversos estados de la república se ha incrementado significativamente, lo que ha generado incertidumbre en la estabilidad económica a mediano plazo.
Las obligaciones financieras tanto de estados como de municipios se incrementaron en 25.9% de 2008 a Marzo de 2011 (no obstante que en los últimos meses ha disminuido su tendencia a crecer). Además, las obligaciones financieras de algunas entidades, como Nuevo León y Quintana Roo, superan el monto de las participaciones federales que reciben. El problema radica en la capacidad que tienen para hacer frente a dicha deuda.
Según el Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública (Indetec), al cierre del primer trimestre de 2011, el 86% de la deuda total de los estados está garantizada por participaciones, pero el 14% restante ($50,000 millones de pesos) corresponde a deuda de corto plazo.
Existe una alta dependencia fiscal, ya que los recursos federales representan cerca del 64% de los ingresos estatales totales.
Recientemente, la calificadora Moody´s dijo que la contratación de deuda de corto plazo de los estados se ha incrementado al punto de que ya significa un riesgo para sus finanzas, ya que no cuentan con flexibilidad presupuestal para enfrentar sus obligaciones. El tema representa un problema estructural de Coordinación Fiscal, pues no brinda los incentivos necesarios para que los estados y municipios puedan reforzar su sistema recaudatorio.
Centrándonos en el primer punto, no hay que perder de vista que el PRI decidió incluir en su estrategia de negociación del paquete fiscal 2012, reformar la Ley General de Coordinación Fiscal (LGCF). Esto implicaría incrementar los recursos de los gobiernos estatales (sin ampliar, desde luego, sus obligaciones recaudatorias), rumbo al periodo electoral. Si bien es probable que sea sólo un amago del PRI para establecer un punto de partida en la negociación presupuestaria, muestra un partido más orientado a jalar la cobija que a hacerla más grande. Un PRI indispuesto a asumir los costos políticos de los remedios amargos, incluso en un contexto económico mundial emproblemado.
Lo cierto es que el contexto económico de E.U. sí modifica las expectativas del presupuesto 2012, éste sólo crecería alrededor de 3.44% (negativo en términos reales). Ante eso el PRI no podría aspirar a más recursos, sin autorizar más deuda, hacer recortes en el presupuesto (afectando a grupos de interés afines al PRI), incrementar impuestos (improbable en el escenario preelectoral), o establecer un precio del barril de petróleo a la baja para generar más excedentes y beneficiar a los estados. Lo que sin duda harán, es presionar para canalizar a sus estados los recursos producto de los subejercicios. Esta postura podría además tener implicaciones en otras reformas que están en proceso de aprobación. Lo cierto es que la negociación girará en torno al dinero, y hay que tener en cuenta que la deuda pública en diversos estados de la república se ha incrementado significativamente, lo que ha generado incertidumbre en la estabilidad económica a mediano plazo.
Las obligaciones financieras tanto de estados como de municipios se incrementaron en 25.9% de 2008 a Marzo de 2011 (no obstante que en los últimos meses ha disminuido su tendencia a crecer). Además, las obligaciones financieras de algunas entidades, como Nuevo León y Quintana Roo, superan el monto de las participaciones federales que reciben. El problema radica en la capacidad que tienen para hacer frente a dicha deuda.
Según el Instituto para el Desarrollo Técnico de la Hacienda Pública (Indetec), al cierre del primer trimestre de 2011, el 86% de la deuda total de los estados está garantizada por participaciones, pero el 14% restante ($50,000 millones de pesos) corresponde a deuda de corto plazo.
Existe una alta dependencia fiscal, ya que los recursos federales representan cerca del 64% de los ingresos estatales totales.
Recientemente, la calificadora Moody´s dijo que la contratación de deuda de corto plazo de los estados se ha incrementado al punto de que ya significa un riesgo para sus finanzas, ya que no cuentan con flexibilidad presupuestal para enfrentar sus obligaciones. El tema representa un problema estructural de Coordinación Fiscal, pues no brinda los incentivos necesarios para que los estados y municipios puedan reforzar su sistema recaudatorio.
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