miércoles, 31 de agosto de 2011

Columna Quimera: La pifia y Hank Rhon

Las circunstancias y casualidades que rodean la detención de Jorge Hank Rhon dan pie a sospechas sobre las intenciones políticas del Gobierno Federal en el caso. Más allá de que haya existido o no esta intencionalidad, lo cierto es que será muy difícil convencer a la opinión pública de lo contrario, y no sólo por las características propias del caso y menos por las implicaciones que se  desean encontrar para influir  en una elección más que decidida como lo es la del Estado de México, sino por el desempeño cuestionado por los resultados previos de la Procuraduría General de la República, particularmente en el caso de los alcaldes en Michoacán (conocido como el famoso michoacanazo), y sobre todo, por la aparente convicción de esta administración de impedir a toda costa el regreso del PRI a los Pinos.

 Dejando de lado intenciones del Gobierno Federal, el escenario que se está construyendo rumbo al 2012 con estos sucesos, es de rencillas y rencores que tendrán consecuencias de pronóstico reservado, el Presidente Calderón señalaba a Andrés Manuel López Obrador como un peligro para las instituciones, ahora resulta que con el del uso político electoral que hace el Gobierno Federal de las instituciones encargadas de administrar e impartir la justicia, es el mismo Presidente quien pone en estado de vulnerabilidad a estas, incluso las detenciones ponen en entredicho a la institución más sólida con la que cuenta el país, el ejercito mexicano. Las consecuencias de esto son graves por donde se vea.

 Antes que nada porque genera un ambiente de confrontación que implican un debilitamiento de las instituciones involucradas ya sea por los atropellos cometidos, las fallas en el seguimiento del debido proceso o la incapacidad de procesar de forma contundente a sujetos con una fama pública cuestionable.

 En el ámbito político, esto crea desde luego incentivos para generar ataques y  cuestionamientos a las autoridades y sus titulares, sólo hay que ver como saldrá de este embrollo la procuradora Marisela, y lo que es peor,  bajo ciertas circunstancias también promueve y provoca que los grupos políticos afectados, en este caso el PRI, se prepare para  la revancha, que incluso puede ir más allá de la que se genera  entre los grupos políticos.

 Es por ello que sí la intención del Gobierno Federal era enviar una primera señal de amenaza a los priístas rumbo a 2012, que los obligara a moverse a una estrategia defensiva, para comenzar a construir así el discurso sobre  un PRI ligado a la corrupción y al crimen organizado, seguramente tendrá entre sus cálculos, los pros y contras de esta estrategia temeraria, e incluso deben haber valorado correctamente la posibilidad de despertar en el PRI el ánimo de ajustar cuentas y las magnitudes que tendrán en el caso de que este instituto político  logre ganar la Presidencia  de la República.

  De no haber estimado lo anterior, en pocos días estaremos comentando una pifia más del Gobierno Federal, y en breve lamentando este tipo de acciones mediáticas, que debilitan las instituciones y generan un ambiente de confrontación.
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